Seis acusados —exmilitares, expolicías y un ex integrante de Prefectura Naval— enfrentan pedidos de penas de hasta 19 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el centro clandestino “Las Casitas”, en Comodoro Rivadavia
Así lo solicitó el fiscal ante el tribunal que revisa los crímenes contra 23 víctimas. Según Radio3, también reclamó que la investigación continúe para esclarecer otros hechos y responsables.
El fiscal general, Teodoro Nürnberg, expuso durante seis horas ante el Tribunal Oral Federal —compuesto por los jueces Ana María D’Alessio, Enrique Baronetto y Alejandro Cabral— el funcionamiento del circuito represivo en Comodoro Rivadavia. Entre los acusados hay exmilitares, expolicías de Santa Cruz y un ex prefecto, imputados por secuestros, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos agravados.
Para cada uno pidió distintas penas: 19 años para Raúl Pantaleón Cruz, 14 años para Mario Enrique Pérez, 11 para Alfredo Pablo Lisseri, 9 para Francisco Olegario Sevilla, 5 años para Eduardo Rodríguez, y 3 años y medio para Fernando Pedernera. Solicitó la absolución de Rafael Augusto Manuelides.
Las víctimas, 23 en total, incluyen personas trasladadas desde penales de Rawson y Trelew; entre ellas figura un militante universitario desaparecido.
“Las Casitas”: un centro clandestino bajo la lupa
El recinto conocido como “Las Casitas” funcionó en el Regimiento 8 de Infantería General O’Higgins. Según los testimonios recogidos, allí operaba un circuito clandestino de detenciones bajo control militar, junto con otros centros como comisarías locales, comisarías y unidades de la Prefectura y del ejército.
El fiscal denunció que durante años, denuncias de torturas y desapariciones fueron desestimadas —mencionó en particular al fallecido juez federal de Rawson— y que leyes como Obediencia Debida y Punto Final prolongaron la impunidad, postergando la justicia para las víctimas y sus familias.
Justicia tardía y búsqueda de responsables
Nürnberg instó a profundizar la causa: señaló que aún hay personas que nunca fueron investigadas y víctimas que no pudieron declarar lo que padecieron. “No nos es indiferente el paso del tiempo”, expresó, marcando la necesidad de identificar a otros responsables y cerrar una etapa de impunidad histórica.
El pedido de penas altas y la continuidad del proceso judicial representan un paso importante hacia la verdad y la reparación de las víctimas. En contexto de memoria histórica, el juicio por “Las Casitas” se perfila como un capítulo clave para la justicia en Argentina.