El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, solicitó revocar el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en el reparto de seguros durante su gestión, considerando «insuficientes» las pruebas existentes.
El fiscal argumentó que aún faltan medidas de prueba antes de avanzar con la imputación, entre ellas la declaración del excanciller Santiago Cafiero, para «verificar todo lo necesario que respalde el rol que se le atribuye» al expresidente. Iturbe propuso dictar la falta de mérito de Fernández.
Fundamentos del pedido fiscal
El procesamiento de Fernández había sido dictado en julio por el juez Sebastián Casanello, quien consideró que existían elementos suficientes para imputarlo por «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública». Según el magistrado, Fernández habría intervenido para favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, vinculado a su círculo íntimo.
Sin embargo, el fiscal Agüero Iturbe sostuvo que los elementos existentes son «insuficientes» para sostener la acusación. La decisión final dependerá de los jueces de la Sala II de la Cámara, Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, quienes deberán resolver no solo la situación de Fernández, sino también la de otras 32 personas procesadas en el mismo expediente.
Argumentos de la defensa
La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, presentó un escrito alineándose con el criterio fiscal y pidió la revocación del procesamiento. Barbitta argumentó que el proceso vulneró el principio de congruencia, ya que existirían diferencias entre los hechos que motivaron la indagatoria ordenada en noviembre por el juez Julián Ercolini y el procesamiento dictado por Casanello en julio.
Además, la defensa solicitó levantar la prohibición de salir del país y el embargo de más de 14 mil millones de pesos, considerándolo «desproporcionado». Según el procesamiento de Casanello, las comisiones de Martínez Sosa durante el gobierno de Fernández ascendieron a 2.252 millones de pesos, casi el 60% del total pagado por Nación Seguros.
Próximos pasos judiciales
Los jueces de la Cámara Federal no están obligados a seguir el criterio fiscal y pueden fallar en cualquier sentido. Deberán analizar tanto los argumentos del fiscal Iturbe como los de la defensa de Fernández antes de tomar una decisión definitiva sobre el procesamiento y las medidas cautelares impuestas.
El caso continúa su curso mientras se aguardan nuevas medidas probatorias y se definen las situaciones jurídicas de todas las personas involucradas en la investigación por las presuntas irregularidades en el reparto de seguros durante la gestión del expresidente. Información extraída del medio C5N.
