El Gobierno interviene la AFA: 180 días para auditar a Chiqui Tapia.
El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a instancias de la Inspección General de Justicia (IGJ). Esta medida habilita una profunda auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia, desatando un conflicto institucional que promete un fuerte impacto político y económico.
El gobierno nacional formalizó esta intervención en grado de veeduría por un plazo estricto de 180 días hábiles. La decisión conjuga aspectos técnicos, jurídicos y políticos, colocando a la principal institución deportiva del país en el centro de una disputa sobre el control estatal y la transparencia. Según Infobae, a partir de la solicitud de la IGJ —el organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires—, el objetivo formal es relevar documentación detallada, auditar los estados contables y verificar el correcto funcionamiento institucional.
«Graves irregularidades»: el origen del conflicto
El expediente que derivó en esta inédita medida comenzó a gestarse a fines del mes de febrero. En ese momento, la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores tras detectar lo que calificó taxativamente como «graves irregularidades» dentro de la AFA. El organismo de control reclamaba información contable clave que la entidad deportiva jamás entregó.
Entre las principales fallas señaladas se encuentran las constantes demoras en la presentación de balances, la insuficiencia en el detalle de los estados financieros y una notable ausencia de documentación respaldatoria para evaluar el manejo de los recursos. El foco de alerta se posó sobre los balances más recientes, justo en un período donde la AFA experimentó un crecimiento exponencial de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar. Este extraordinario aumento, impulsado por derechos televisivos, contratos comerciales y millonarios premios deportivos, no fue acompañado por un nivel equivalente de transparencia en la rendición de cuentas, según advirtió la IGJ. La preocupación oficial incluyó observaciones sobre operaciones económicas vinculadas a intermediarios y empresas privadas que comercializan los derechos del fútbol argentino.
Alcance de la veeduría y los expertos designados
Es fundamental aclarar que esta medida dispuesta por el Ministerio de Justicia no representa una intervención plena ni conlleva el desplazamiento de las autoridades vigentes de la AFA, sino que se enmarca en una figura jurídica más restringida: la veeduría. Este mecanismo de control reforzado consiste en la designación de funcionarios externos con facultades para examinar documentación, auditar procesos y elaborar informes sobre la situación institucional.
Para esta delicada tarea, fueron designados como veedores el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco. Ambos tendrán facultades plenas para acceder a los libros contables, documentos administrativos y registros financieros, con el fin de reconstruir el funcionamiento interno del ente. Entre sus labores principales deberán analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y auditar el polémico proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), rastreando la trazabilidad de los fondos, contrataciones y convenios con terceros.
Asimismo, los expertos revisarán minuciosamente las relaciones comerciales y financieras con firmas privadas, poniendo la lupa sobre acuerdos con empresas como TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas. El trabajo culminará con un informe final dirigido a la autoridad de control, teniendo la potestad de emitir reportes parciales urgentes si detectan ilícitos.
Disputa por la jurisdicción y la decisión de Mahiques
Un aspecto central que complejiza el escenario es la discusión sobre qué jurisdicción tiene la competencia para fiscalizar a la AFA. La actual conducción de la entidad sostiene que trasladó su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, argumentando que la fiscalización debería corresponder a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, territorio políticamente aliado a la actual gestión del fútbol.
Sin embargo, la IGJ rechaza de plano este argumento, afirmando que dicho cambio no cumplió con los requisitos legales pertinentes y que la sede real continúa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La intervención en grado de veeduría no es automática; la normativa exige que sea dispuesta por el Ministerio de Justicia. El ministro Juan Bautista Mahiques, quien heredó el expediente de la gestión anterior, resolvió avanzar con la medida al inicio de su mandato. El funcionario aclaró previamente que su intención no era «salvar ni perseguir a la AFA», y optó por mantener a los veedores propuestos por la administración previa para garantizar la imparcialidad del proceso.
El millonario negocio del fútbol y su proyección incierta
Detrás de este choque jurídico subyace el inmenso control de los recursos del fútbol argentino. La investigación alcanza no solo a la AFA, sino a toda la estructura donde conviven entidades como la Liga Profesional y la residual Superliga, con funciones que frecuentemente se superponen.
La veeduría actuará como una medida intermedia que podría derivar en decisiones drásticas. Dependiendo de los resultados del informe final, la IGJ cuenta con la autoridad para requerir nueva documentación, aplicar severas sanciones administrativas, impugnar actos oficiales de la entidad o solicitar una intervención total. Paralelamente, se espera que la AFA intente judicializar la medida, cuestionando la competencia de la IGJ y trasladando la disputa a los tribunales. Esta intervención marca un punto de inflexión histórico, siendo la primera vez en años que el Estado avanza con un control tan directo sobre el fútbol nacional.