Provincias petroleras se presentan como querellantes para defender sus acciones en YPF.
Los gobernadores de Chubut, Mendoza y Santa Cruz formalizaron su participación en la causa judicial que investiga irregularidades vinculadas al ingreso del grupo Eskenazi en YPF en 2007, defendiendo los intereses de las provincias productoras de petróleo.
Querella y defensa de las provincias petroleras
Los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se presentaron este lunes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa. La investigación se centra en presuntas irregularidades en el ingreso de la familia Eskenazi a YPF en 2007. Torres advirtió: “De ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal”.
Torres destacó: “Las provincias petroleras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”, e indicó que “ir contra esa operación podría modificar todo lo que siguió”, incluyendo el fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares, más intereses, y entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park. El gobernador chubutense añadió: “Ante esta locura, tenemos que hacer causa común y los gobernadores nos vamos a poner al frente de esta discusión para defender YPF y también lo que es propiedad de las provincias productoras”.
El mandatario explicó además: “El grupo Eskenazi se hace del 25% de las acciones de YPF apalancándose financieramente en dividendos futuros y devengados, y esto precede a la expropiación”. Subrayó que tras la expropiación del 51% de YPF, “el grupo Eskenazi le vende el juicio que había iniciado contra la República Argentina reclamando una indemnización por el procedimiento expropiatorio a un fondo muy conocido por los argentinos por el daño que le ha hecho al país”. Y agregó: “En esa expropiación, el 49% del 51% expropiado, es de las provincias productoras de petróleo”.
Presentación ante la Corte de Nueva York
Sin limitarse a la querella penal, las provincias presentaron este lunes un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, buscando defender su participación accionaria en el marco del juicio que lleva adelante la jueza Preska. Torres explicó que “el fallo de la magistrada neoyorkina no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso el Estado Argentino”.
Origen de la causa YPF
En diciembre de 2007, el grupo Petersen, liderado por Enrique Eskenazi, firmó un acuerdo con Repsol YPF para adquirir el 25% de las acciones mediante Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, radicadas en España. En 2012, el Congreso sancionó la Ley 26.741, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, con el objetivo de retomar el control de la compañía.
Para ese entonces, Repsol contaba con el 57% de la empresa tras venderle el 25% al grupo Petersen. En 2014, Repsol aceptó la oferta del Gobierno argentino de US$ 5 mil millones como indemnización por la expropiación. Posteriormente, Burford Capital adquirió el derecho de litigio durante el proceso de quiebra del grupo Petersen y, en abril de 2015, presentó una demanda en Nueva York contra Argentina reclamando indemnización por supuestas violaciones al artículo 7° del Estatuto de YPF, según informó El Diario.
En marzo de 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes, aunque eximiendo de responsabilidad a YPF. En septiembre del mismo año, ordenó al Gobierno argentino pagar US$ 16,1 mil millones. En junio de 2025, la magistrada exigió entregar el 51% de las acciones de YPF, pero un mes después la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió preventivamente la orden.
Impacto del reclamo de las provincias petroleras
Con la querella penal y la presentación ante la Corte de Nueva York, los gobernadores de las provincias petroleras buscan proteger los intereses de sus regiones y garantizar que la participación accionaria de YPF de las provincias sea respetada, buscando frenar cualquier acción que perjudique a los productores locales.