La Casa Rosada concentra sus esfuerzos en Diputados, tras reconocer que no cuenta con los votos necesarios en el Senado para sostener el veto presidencial a la ley de coparticipación de ATN.
El Ejecutivo admite que la votación en el Senado, prevista para este jueves, está prácticamente perdida. Por eso, la estrategia se centra en blindar los vetos en la Cámara de Diputados, donde la ley fue aprobada con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones. Ese número es clave: es la cantidad necesaria para sostener el veto del presidente.
Según TN, el oficialismo apuesta a negociar con gobernadores aliados y a ofrecer alternativas de financiamiento directo, obras y cancelación de deudas para contener el avance de la oposición.
El rol del ministro del Interior
El encargado de liderar los diálogos es el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien ya mantuvo encuentros con mandatarios de Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Salta y Tucumán. Además, este viernes visitará San Juan para reunirse con Marcelo Orrego y la semana próxima viajará a Catamarca para encontrarse con Raúl Jalil.
Catalán también encabezó un encuentro virtual con gobernadores aliados, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.
Un pacto político de mayor alcance
Más allá de la coyuntura, el Gobierno busca con estas negociaciones abrir la puerta a un acuerdo político más amplio luego de las elecciones de octubre. La intención es avanzar en un plan de reformas laboral, tributaria y previsional que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso en diciembre.
La Casa Rosada busca repetir el esquema del Pacto de Mayo, firmado en Tucumán en 2024, con la participación de 18 gobernadores. El objetivo es dar un mensaje de estabilidad al mercado y proyectar una estrategia política hacia 2027.
Vetas previos y tensiones abiertas
El oficialismo también reconoce que perdió la pulseada en el Senado con otras leyes, como la de Emergencia Pediátrica y la de Financiamiento Universitario. Por eso, se analiza frenar la ejecución de los fondos hasta el próximo presupuesto 2026, e incluso se evalúa la posibilidad de suspender la aplicación de las normas mediante un decreto.
Con estas maniobras, el Ejecutivo busca ganar tiempo y sostener la gobernabilidad en medio de un escenario de fuertes tensiones con la oposición y los mandatarios provinciales.