Los tres proyectos rechazados por Milei y que el Gobierno advirtió que vetaría esperan ahora que el Senado los convierta en ley. El aumento para los jubilados que se votó es del 7,2%, mas una actualización del bono previsional, que pasará a ser de $110.000. La sorpresa de la jornada fue la restitución de la moratoria previsional impulsada por Unión por la Patria, que obtuvo 111 votos a favor. La emergencia en discapacidad también obtuvo media sanción.
Tras meses de movilizaciones que una y otra vez terminaron en represión, gases y palos orquestados por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, el Congreso comenzó a dar una respuesta legislativa al reclamo de los jubilados. La Cámara de Diputados aprobó un aumento del 7,2% a las jubilaciones y una actualización del bono previsional, que pasará a ser de $110.000.
La votación fue contundente: 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. La sorpresa de la jornada fue la restitución de la moratoria previsional impulsada por Unión por la Patria, que obtuvo 111 votos a favor. Todo el paquete fue girado al Senado, reseñó el portal Nodal.
Es el segundo intento del Congreso por mejorar los ingresos de los jubilados, tras el veto presidencial del año pasado, respaldado por los 87 diputados que Javier Milei bautizó como el “tercio de hierro” y agasajó con un asado en Olivos.
Esta vez, el oficialismo no logró bloquear la sesión y debió ceder el control del recinto para enfrentar un debate que incomoda los números del Excel libertario. Diputados también dio media sanción al proyecto de emergencia en materia de discapacidad, un reclamo que también tuvo respaldo callejero.
Afuera, desde temprano, miles de manifestantes se concentraron frente al Congreso. Personas con discapacidad, jubilados, familiares, trabajadores del Hospital Garrahan, organizaciones sociales y colectivos feministas confluyeron con demandas diversas, atravesadas por una urgencia común: sobrevivir en tiempos de motosierra. Sabiendo el resultado, Milei pidió en Twitter que «el Senado no apruebe esta demagogia populista».
La sesión comenzó a las 12.30 con 131 diputados presentes. Pese a las presiones de la Casa Rosada, el cordobés Martín Llaryora, el catamarqueño Raúl Jalil y el santiagueño Gerardo Zamora no se plegaron al boicot. Esta vez no hubo protocolo antipiquetes ni represión, pero sí un despliegue policial que blindó la Plaza del Congreso.
El quórum que permitió iniciar la sesión fue aportado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica, la izquierda, tres legisladores de la UCR —Julio Cobos, Natalia Sarapura y Fabio Quetglas—, el titular del monobloque Mario Barletta, Lourdes Arrieta y Sergio Acevedo. Unión por la Patria logró sentar a 95 de sus 98 diputados.
Algunos gobernadores, sin embargo, volvieron a alinear a sus legisladores con el oficialismo: Rogelio Frigerio (Entre Ríos) forzó dos ausencias; Leandro Zdero (Chaco) y Raúl Jalil (Catamarca), una cada uno. Pero esta vez la maniobra no alcanzó.
Jubilaciones y moratoria
Recién dos horas y media después del inicio, la Cámara comenzó a debatir el paquete previsional. La diputada Victoria Tolosa Paz, como miembro informante, abrió el tratamiento detallando las propuestas que habían logrado consenso entre los 14 proyectos presentados: la suba del 7,2% y la actualización del bono a $110.000. Unión por la Patria también impulsaba la prórroga de la moratoria previsional por dos años.
Tenía un plan B en caso de derrota: acompañar la propuesta de Nicolás Massot, que planteaba crear un Programa de Prestación Proporcional a la Vejez para reconocer aportes parciales. No fue necesario. Las abstenciones de Encuentro Federal y Democracia Para Siempre achicaron el número de votos negativos y habilitaron la sanción del dictamen de minoría.
“Pichetto se fue furioso”, deslizó una fuente parlamentaria. Durante el debate, el rionegrino había pedido “jerarquizar el debate” y cuestionó las “malas palabras” en el recinto. Uno de los legisladores que ayudó con su abstención se justificó ante este diario: “No tenía sentido ponerse en contra de los jubilados por algo que igual se va a vetar”.
Tras la votación, varios diputados coincidieron en que será más difícil para el Ejecutivo volver a vetar una mejora para los jubilados en plena campaña. Por eso se espera que el Senado acelere el tratamiento para completar la sanción.
“La calle nos lo exige, y no hay patria pegándole a los jubilados; hay patria poniéndoles en el bolsillo lo que ustedes les sacaron”, sostuvo Tolosa Paz, mientras afuera las columnas rodeaban el Congreso, acompañadas por organizaciones de mujeres que postergaron un día la marcha de Ni Una Menos para sumarse a la jornada.
Con el quórum consolidado, el Ejecutivo hizo su jugada: a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el Gobierno vetará las iniciativas. “Son temas que sensibilizan a la sociedad, pero son dos temas que el Estado no puede pagar, salvo que volvamos a endeudarnos. Eso no va a pasar. Si hay leyes que tienen impacto fiscal, el Gobierno las va a vetar”, afirmó en un almuerzo con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).
La réplica no tardó en llegar. Carlos Heller respondió desde el recinto: “Si la va a vetar, que asuma el costo político. Y que los ciudadanos, en octubre, decidan si quieren un Parlamento que limite al presidente y le impida vetar leyes que defienden los intereses de la mayoría”. Nicolás Massot también rechazó el ultimátum fiscal: “No todo es vetable. La intención de nuestro bloque, y de muchos que estamos impulsando esto, no es complicar al Gobierno, sino dar una respuesta justa y posible”.
Miguel Ángel Pichetto, por su parte, advirtió que el Ejecutivo debería empezar a tomar nota del malestar social. “Sería bueno que reflexionara”, sostuvo. “Hay una realidad que empieza a demandar respuestas que ya no alcanzan con la contención de la inflación”, agregó. Para Pichetto, el oficialismo insiste con una lógica sin salida: “Se aprueba una ley, se veta, se vuelve a empezar. Cuidado con creer que con la macro alcanza para ganar una elección” sentenció.
Gisela Marziotta, que asistió a la sesión en pleno posoperatorio de una hernia de disco para garantizar el quórum, no dejó lugar a matices: “La verdad es que odian a los jubilados, odian a los estudiantes de las universidades nacionales, odian a los médicos de los hospitales públicos. El verdadero programa político de Javier Milei es ese: el odio como política”.
Brouwer de Koning —presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, ausente en el quórum— defendió el proyecto de su bloque: “Buscamos reconocer a quienes han aportado toda su vida y no llegan a los 30 años requeridos para jubilarse”. Luego apuntó contra las moratorias anteriores: “El kirchnerismo convirtió en norma lo que debería haber sido una excepción, y eso generó un déficit estructural en el sistema”.
La sesión contó, además, con una presencia cargada de simbolismo. En uno de los palcos, el exdiputado socialista Jorge Rivas —cuadripléjico desde 2007— siguió el debate. Rivas, que fue legislador entre 1997 y 2015 y vicejefe de Gabinete de Néstor Kirchner, se comunica a través de una computadora. Su presencia sintetizaba el espíritu de la jornada: derechos conquistados que hoy vuelven a estar en disputa.
Discapacidad
La Cámara baja aprobó en la madrugada la emergencia en discapacidad. «La ley de Emergencia en Discapacidad tiene humanidad y racionalidad económica. Tiene que ser votada porque es de pura justicia», dijo su autor, Daniel Arroyo.
«Nos concentramos en la emergencia porque hay una catástrofe en el sistema. Pero sabemos que nuestra democracia tiene una deuda muy grande con las personas con discapacidad y sus familias».»El Estado tiene que acompañar a las personas con discapacidad y sus familias. No puede lastimarlas y generarles más dolor», agregó.
Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
