“Rechazamos su moción”, sentenció Preska, en un fallo que vuelve a colocar al país en el centro de un litigio millonario y de alto impacto financiero.
En el marco del juicio por YPF, la jueza Loretta Preska rechazó un nuevo planteo del gobierno argentino para limitar el discovery sobre los activos del Estado, exigiendo la entrega de información detallada sobre sus bienes. Esta decisión vuelve a poner a Argentina en el centro de un litigio millonario en Nueva York.
La magistrada del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York desestimó la moción presentada por la administración de Javier Milei, que buscaba restringir la investigación sobre los activos estatales. Preska indicó: “En esta jurisdicción, las mociones de reconsideración generalmente se deniegan, salvo que la parte solicitante pueda mostrar decisiones o datos que el tribunal haya pasado por alto y que podrían cambiar la conclusión alcanzada”.
El gobierno argentino había invocado el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso NML Capital, que limita la búsqueda de activos únicamente a aquellos que pueden ser ejecutables. Sin embargo, Preska aclaró que este fallo ya fue considerado y no respalda la solicitud de Argentina, señalando que la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) no protege a un Estado de que sus activos sean investigados en el exterior para un eventual embargo.
En palabras de la jueza: “La Corte Suprema sostuvo que la FSIA no exime al deudor de una sentencia dictada por un Estado extranjero del descubrimiento posterior a la sentencia de información relativa a activos extraterritoriales”. Esto reafirma que Argentina deberá entregar información sobre activos fuera del país que puedan ser embargables.
Próximos pasos tras las elecciones legislativas 2025
El gobierno argentino presentará su defensa formal en la apelación tras las elecciones de octubre de 2025. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York fijó la audiencia para el 29 de octubre, apenas tres días después de los comicios, según informó la Procuración del Tesoro.
El país busca revertir la sentencia de septiembre de 2023, que obliga a pagar más de 16.000 millones de dólares a los fondos que adquirieron el litigio de los exaccionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización. Esta nueva fase del juicio por YPF será clave para definir la exposición internacional y financiera de Argentina, según informó Radio Mitre.