El Gobierno oficializó la continuidad del estudio jurídico Sullivan & Cromwell, que seguirá representando al país en el caso YPF y en otros litigios clave como el cupón PBI.
El Gobierno nacional renovó el contrato con el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP, encargado de defender a la Argentina en tribunales internacionales en causas sensibles, entre ellas, el multimillonario juicio por la nacionalización de YPF en Estados Unidos y los reclamos por el mal cálculo del cupón PBI. La decisión fue confirmada mediante la Resolución 1352/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, a pedido de la Procuración del Tesoro.
Renovación contractual en medio de un litigio clave
La norma establece que el estudio jurídico debe presentar sus condiciones de contratación, que en principio serían aceptadas, garantizando así la continuidad de su representación legal. La medida llega en un momento delicado, ya que el país enfrenta demandas que involucran miles de millones de dólares y que podrían impactar directamente en la economía argentina.
Casos que enfrenta la Argentina
Sullivan & Cromwell LLP continuará defendiendo al país en procesos judiciales de gran envergadura, entre los que se destacan:
- Litigios en Estados Unidos y Reino Unido vinculados a los valores que prevén pagos atados al Producto Bruto Interno (PBI).
- Juicio en EE.UU. por la expropiación del paquete accionario mayoritario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.), considerado uno de los litigios más importantes en la historia reciente del país.
Costos de la defensa
El prestigioso estudio jurídico cuenta con una división especializada en Latinoamérica y maneja honorarios que rondan los US$ 1.800 por hora, un costo que refleja la magnitud de los litigios que enfrenta la Argentina. A pesar de las cifras, el Gobierno considera clave sostener esta defensa para evitar un impacto financiero aún mayor en caso de perder las causas.
Estrategia legal y respaldo político
El contrato renovado busca asegurar que el país cuente con una defensa de primer nivel en el exterior, en momentos en que las decisiones judiciales pueden condicionar la política económica. Según informó Energía Online, la continuidad de Sullivan & Cromwell representa un intento de blindar a la Argentina ante fallos adversos y reforzar la estrategia de litigio en tribunales internacionales.
Una apuesta de alto riesgo
Con este nuevo contrato, la administración nacional deja en claro que prioriza la defensa en el juicio por YPF en Estados Unidos, considerado estratégico por sus implicancias económicas y políticas. Al mismo tiempo, busca ordenar la situación en torno al cupón PBI, otro frente judicial que podría traer consecuencias millonarias.
La renovación del contrato con Sullivan & Cromwell reafirma la importancia del caso YPF en Estados Unidos y el compromiso del Gobierno en sostener una defensa sólida, aunque costosa, frente a demandas que marcarán el rumbo económico del país en los próximos años.