La jueza de Nueva York ordenó a YPF entregar correos, mensajes y documentos clave en la causa por la expropiación de 2012.
El litigio internacional por la expropiación del 51% de YPF en 2012 sumó un nuevo capítulo que complica a la Argentina. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, exigió a la petrolera la entrega de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y documentación interna que deberán presentarse antes de la audiencia de apelación fijada para el 29 de octubre.
Un fallo que complica a la estrategia argentina
La magistrada dejó en claro que el material solicitado será determinante para establecer si YPF actúa con autonomía o como alter ego del Estado argentino. La definición no es menor: de confirmarse esa falta de independencia, la Justicia podría habilitar que los fondos demandantes embarguen los activos internacionales de la empresa.
Según informó Economis, el caso involucra una indemnización de hasta u$s16.100 millones más intereses. Además, los demandantes reclaman un pago anticipado que incluye los intereses acumulados —estimados en u$s2,5 millones diarios— y elevados honorarios legales.
El trasfondo: de la estatización a la millonaria demanda
El conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió la participación mayoritaria del Grupo Petersen sin lanzar la oferta pública de adquisición prevista en los estatutos de YPF. Los fondos Burford Capital y Eton Park adquirieron los derechos de litigio tras la quiebra del grupo empresario y demandaron a Argentina en Nueva York.
En primera instancia, Preska condenó al país a pagar los u$s16.100 millones, aunque eximió a la petrolera de responsabilidad. No obstante, en junio pasado la jueza ordenó transferir el 51% de las acciones expropiadas a un fideicomiso como garantía de pago, decisión que el Estado argentino apeló.
La disputa por la independencia de YPF
En su última resolución, Preska rechazó que YPF actúe como parte activa en la etapa de Discovery, pero la obligó a entregar documentación clave en un plazo de 15 días. Para el analista Sebastián Maril, “cuanto más autónoma se muestre YPF, menores serán las chances de que los fondos convenzan a la jueza de que es un brazo del Estado argentino”.
La definición de este punto será central para el futuro: si los jueces de la Cámara de Apelaciones determinan que YPF y el Estado son lo mismo, la presión sobre los activos de la compañía en el exterior se intensificará.
Expectativa por la audiencia de octubre
El 29 de octubre, tres jueces escucharán los argumentos de Argentina, YPF y los demandantes. El fallo podría confirmar la sentencia inicial, reducir el monto de la indemnización o revertirla parcialmente, aunque especialistas consideran que esta última opción es poco probable.
Sea cual sea el resultado, el desenlace del juicio marcará un antes y un después en la situación financiera argentina, en el rol de YPF como principal empresa energética y en la credibilidad del país ante los mercados internacionales.
