El proyecto de ciberpatrullaje ingresado recientemente a la Legislatura de Chubut ha generado seria preocupación en el ámbito jurídico provincial por sus posibles implicancias sobre las garantías constitucionales.
Expertos legales advierten que la iniciativa podría vulnerar derechos fundamentales al otorgar amplias facultades de vigilancia digital sin los controles judiciales adecuados.
Cuestionamientos a la discrecionalidad y control judicial
Gustavo Cruz, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, manifestó en diálogo con el medio El Quinto Poder que «se advierte una amplia discrecionalidad en el marco de la investigación que raya los límites de la constitucionalidad». El profesional destacó que el proyecto permite aplicar restricciones a libertades individuales sin la intervención de un juez, medida que antes requería autorización judicial. Entre los puntos más criticados se encuentra la posibilidad de monitorear comunicaciones, intervenir líneas telefónicas y restringir fondos en casos de delitos económicos.
Ausencia de participación profesional y desbalance de poderes
Uno de los aspectos más cuestionados es la falta de convocatoria a los colegios profesionales para debatir la iniciativa. Cruz señaló que «deberíamos haber sido llamados a participar para aportar propuestas y observaciones», destacando que la ausencia de voces externas empobrece la discusión. Además, la defensa pública manifestó reparos ante el traslado de potestades propias de los jueces hacia los fiscales, lo que generaría un desbalance en el proceso judicial. El artículo que habilita el uso de la fuerza física para desbloquear dispositivos electrónicos fue calificado como «una clara violación de garantías constitucionales».
Llamado a mayor transparencia y debate
El presidente del Colegio de Abogados remarcó que ya existen figuras legales para actuar en situaciones de inmediatez, como los casos de flagrancia donde la policía puede intervenir y luego regularizar la situación en el proceso judicial. Finalmente, Cruz llamó a garantizar transparencia y participación de todos los actores en la discusión, subrayando que «se trata de normas que afectan derechos colectivos y requieren consensos amplios» antes de su eventual implementación. Información extraída del medio La17.
