El fondo reclama que el país entregue sin más demoras las comunicaciones de funcionarios, en medio de tensiones por el fallo internacional.
El conflicto judicial por la expropiación de YPF vuelve a tensarse. El fondo Burford Capital, demandante en el caso, pidió a la justicia de Estados Unidos que no conceda más prórrogas a la Argentina y que el país cumpla con la entrega de los chats y comunicaciones de funcionarios involucrados.
El plazo original para presentar esta documentación vencía este jueves, y se espera una definición en las próximas horas, según detalló TN.
Burford señaló que el Gobierno argentino desoyó órdenes claras del tribunal emitidas en julio y agosto, y que la falta de acción demuestra una “demora autoimpuesta”. Según el fondo, la Argentina recién ahora habría comenzado a contactar a los custodios de los mensajes, sin garantías de cumplir en tiempo y forma.
Reclamos por demoras y acusaciones cruzadas
El fondo demandante solicitó que, si no se entregan los mensajes de inmediato, la justicia establezca un nuevo plazo máximo para el 21 de noviembre, sin más extensiones. En su presentación, Burford acusó al país de utilizar “tácticas dilatorias” durante todo el proceso judicial, incluyendo entregas incompletas de documentos y falta de cooperación en las búsquedas requeridas.
Burford también afirmó que la Argentina entregó tarde los avisos de preservación de pruebas y que no incluyó referencias a plataformas como WhatsApp, lo que generaría dudas sobre si las comunicaciones relevantes fueron efectivamente conservadas.
El fondo argumentó que estas demoras afectan los derechos de los demandantes y el avance del caso, al tiempo que incrementan los costos y la incertidumbre del proceso.
La estrategia argentina y la apelación pendiente
Mientras tanto, los abogados del Estado argentino expusieron esta semana los argumentos de apelación contra la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que había fallado en favor de Burford Capital.
Según la Procuración del Tesoro de la Nación, la defensa nacional centró su estrategia en resaltar la jurisdicción argentina sobre el caso, argumentando que la decisión judicial estadounidense se basó en “ficciones jurídicas de graves consecuencias”.
Los letrados insistieron en que el reclamo de Burford y Eton Park Capital Management no está vinculado al mercado bursátil de Estados Unidos, sino a operaciones privadas realizadas en España con la petrolera Repsol, “rodeadas de sospechas de corrupción”.
Un litigio con impacto económico y político
El juicio por YPF representa uno de los conflictos financieros más significativos de la última década para la Argentina. La decisión final de los tribunales estadounidenses podría implicar miles de millones de dólares en indemnizaciones.
Por eso, cada paso del proceso —incluyendo la entrega de los chats— es seguido de cerca tanto por los mercados como por los analistas políticos.
La definición sobre el cumplimiento de este nuevo requerimiento judicial podría marcar el rumbo de la estrategia argentina en los próximos meses y determinar la relación con los fondos demandantes.