Informe del CDPC revela torturas, trabajo forzado y muertes en cárceles cubanas bajo custodia estatal.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) presentó un informe alarmante sobre las cárceles de la isla, revelando 1.858 incidentes entre marzo de 2024 y marzo de 2025, de los cuales 1.330 constituyen violaciones de derechos humanos.
Entre las consecuencias más graves, se identificaron 60 muertes bajo custodia estatal, muchas por desnutrición, falta de atención médica o violencia directa. Según informó Infobae, el documento refleja un patrón sistemático de abusos y la impunidad estructural que protege a los responsables.
Métodos de tortura y trato inhumano
El informe detalla prácticas de tortura institucionalizadas, entre ellas:
- “Cama turca”: inmovilización en posición fetal durante días.
- “Bicicleta”: caminar encorvado con manos esposadas a la espalda.
- Uso prolongado de “shakiras”, esposas que inmovilizan manos y pies, afectando funciones básicas como comer o asearse.
- Encierros de hasta tres años en celdas de castigo.
Las condiciones materiales son extremadamente deficientes: desnutrición masiva, agua contaminada, hacinamiento y filtraciones en las infraestructuras. La atención médica es insuficiente, incluso en situaciones críticas, llegando a casos donde reclusos se ven obligados a procedimientos médicos sin asistencia profesional.
Trabajo forzado y represión política
El trabajo forzoso es extendido, con jornadas sin remuneración o pagos mínimos, especialmente hacia presos políticos (329 víctimas identificadas). Estas personas enfrentan aislamiento, represión adicional y restricciones arbitrarias de comunicación, intensificando su vulnerabilidad.
Además, se documentaron golpizas, torturas físicas y psicológicas, humillaciones, abusos sexuales y violencia LGBTfóbica, cometidos tanto por autoridades como por reclusos utilizados como agentes de violencia contra presos políticos, violando normas internacionales como las Reglas Mandela de la ONU.
Impunidad estructural y obstáculos a la supervisión
La Fiscalía General de la República, a través del CLEP, carece de independencia real para investigar abusos, lo que mantiene la impunidad. Las leyes cubanas centralizan el control del sistema penitenciario en el Ministerio del Interior, eliminando garantías procesales y permitiendo decisiones arbitrarias sobre sanciones y beneficios.
El CDPC denunció subregistro y obstáculos graves en la documentación de abusos, incluyendo vigilancia estatal, imposibilidad de ingreso a las prisiones y riesgos para denunciantes, lo que significa que las cifras publicadas solo reflejan una parte de la realidad.
Historias humanas detrás de los números
Camila Rodríguez, activista y autora del informe, afirmó:
“Las cifras son poderosas, pero son las historias las que muestran la magnitud real de lo que ocurre. Muchas familias ni siquiera tienen acceso a informes forenses o a los cuerpos de las víctimas”.
El reporte exige supervisión independiente, investigación de todas las muertes bajo custodia, ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y condiciones materiales dignas, así como la acción de organismos internacionales para presionar al régimen cubano.
