El informe de Mumalá revela que en Argentina ocurre un femicidio cada 34 horas.
En el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un nuevo informe del Observatorio Nacional de Mumalá volvió a exponer la gravedad de la situación en el país. Según los datos difundidos —información obtenida según informó El Diario Web— entre el 1° de enero y el 20 de noviembre de 2025 se registraron 229 femicidios, lo que representa una muerte por violencia de género cada 34 horas.
La organización alertó que los casos no descienden y que “la crueldad y la misoginia crecen”, mientras insiste en la necesidad de declarar la Emergencia en Violencias de Género.
Femicidios y tentativas: un escenario que se agrava
Además de los casos consumados, Mumalá contabilizó 901 intentos de femicidio, lo que equivale a casi cuatro ataques por cada asesinato. El impacto social es inmediato: 157 niñas y niños quedaron sin madre durante 2025, un número que exige políticas de acompañamiento integral y sostenido.
El relevamiento detalla que el 81% de los agresores pertenecía al entorno cercano de la víctima, subrayando la importancia de fortalecer las herramientas de prevención y detección temprana de situaciones de riesgo.
Tipología y distribución de los casos
El Observatorio registró 178 femicidios directos, 20 casos vinculados, 19 asesinatos relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado, 8 femicidios por suicidio inducido, 1 lesbicidio y 3 trans/travesticidios. También permanecen en estudio otras 10 muertes violentas asociadas al género y 36 casos aún en investigación.
La provincia de Buenos Aires volvió a ubicarse como el distrito con mayor cantidad de hechos, con 101 asesinatos, seguida por Santa Fe, Córdoba, Chaco y Mendoza, entre otros territorios.
Reclamos y falta de aplicación de la Ley 26.485
Desde Mujeres de la Matria Latinoamericana advirtieron que el país llega al 25N “sin un ámbito de aplicación de la Ley 26.485”, la normativa que establece medidas de protección integral para mujeres y diversidades.
Según la organización, numerosos programas de asistencia, sensibilización y acompañamiento fueron desfinanciados o cancelados durante el último año.
“El Estado es responsable”, expresaron en un comunicado. “Necesitamos políticas sostenidas, presupuesto y compromiso real para prevenir, asistir y erradicar las violencias de género. La declaración de emergencia es indispensable”.
