El presidente colombiano, Gustavo Petro, salió al cruce de las críticas y aseguró que su Gobierno no ha violado el derecho internacional humanitario en los operativos militares que causaron la muerte de al menos 12 menores reclutados por grupos armados.
En una declaración conjunta con su ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares, el mandatario defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y argumentó que se han tomado todos los recaudos para proteger a la población civil durante los combates, en medio de un creciente debate sobre los métodos utilizados.
La defensa de los operativos militares
Según informó el medio internacional DW, Petro afirmó que de los 1.404 combates registrados durante su gestión, solo en 13 se utilizaron bombardeos, debido al alto nivel de potencia que requieren estos operativos. «No queremos que se nos compare o se nos asigne como si hubiéramos violado el derecho internacional humanitario, que ninguno de aquí lo ha hecho», expresó el presidente, quien destacó el «cuidado suficiente» de las Fuerzas Militares para no afectar civiles, un principio que calificó como «de distinción» en el marco legal internacional.
La polémica por los menores fallecidos
El Gobierno confirmó que 12 menores reclutados por el Estado Mayor Central (EMC) fallecieron en los recientes bombardeos, además de otros tres en enfrentamientos directos. Las autoridades responsabilizan por estos hechos a los grupos armados ilegales, a quienes acusan de incorporar forzosamente a niños, niñas y adolescentes a sus filas. Esta situación ha generado una fuerte controversia, especialmente porque Petro había criticado este tipo de operaciones cuando se encontraba en la oposición.
La denuncia contra Iván Mordisco
En un giro significativo, el presidente anunció que denunciará a Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco» -el hombre más buscado de Colombia- ante la Corte Penal Internacional por el delito de reclutamiento de menores. Petro lo calificó como «un criminal de guerra» y justificó los bombardeos autorizados argumentando que se dirigieron contra grupos armados que «se mueven en el interior de la selva y muy lejos de algún caserío», donde podía presumirse la presencia de menores por las actividades ilegales de la organización.
La postura de Petro marca un punto de inflexión en su política de seguridad, combinando la defensa de los operativos militares con acciones legales internacionales contra los líderes de grupos armados, en un intento por responder a las crecientes críticas sobre los métodos empleados en el conflicto armado interno.