La medida busca atraer capital privado manteniendo el control estatal en la generación nuclear
El Gobierno nacional oficializó este jueves el comienzo del proceso para privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y establece la venta del 44% del capital accionario a través de licitación pública nacional e internacional.
Según Radio3, el Estado conservará la participación mayoritaria para asegurar el control estratégico del sector.
El Estado mantendrá el control operativo
La resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, dispone que el Estado seguirá teniendo el 51% de las acciones, lo que garantiza el voto decisivo en decisiones estratégicas como:
- Expansión de la capacidad de generación energética.
- Construcción de nuevas centrales nucleares.
- Admisión o cambios de accionistas con influencia de control.
El Gobierno sostiene que el objetivo es modernizar la gestión, ampliar inversiones y mejorar la competitividad sin perder soberanía sobre la energía nuclear.
Participación de empleados en la compra de acciones
El proceso también prevé un Programa de Propiedad Participada, mediante el cual el 5% del capital será ofrecido prioritariamente a los empleados de la compañía. Este mecanismo busca asegurar su involucramiento en el modelo de gestión y facilitar la transición hacia la participación privada.
La operación será coordinada por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, encargada de supervisar cada etapa del proceso.
Cómo se realizará la venta
El procedimiento se llevará adelante a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR, dentro de un plazo máximo de doce meses.
Además, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica deberán presentar un inventario detallado de bienes y activos de la empresa para definir la tasación del paquete de acciones a subastar.
Con esta decisión, el Gobierno apunta a incorporar capital privado sin perder el control estatal sobre una de las principales empresas energéticas del país, en un sector considerado estratégico por su rol en la matriz de generación y su aporte a la estabilidad del sistema eléctrico nacional.