El proceso electoral hondureño está sumido en una crisis institucional sin precedentes. El escrutinio especial de las últimas actas, clave para declarar un ganador presidencial, se encuentra nuevamente paralizado.
Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) denuncian un «boicot» orquestado por partidos políticos, con actos que han escalado hasta la violencia física, lo que impide cumplir con el plazo legal que vence el 30 de diciembre.
Denuncias de violencia y un proceso bajo «secuestro»
La situación en el Centro Logístico Electoral (CLE) ha sido descrita por las autoridades como crítica y caótica. La consejera Cossette López denunció que miembros de las Juntas Especiales, acreditados por los partidos, protagonizan disturbios e incluso agresiones físicas dentro de las instalaciones. Estas acciones han llevado a las autoridades a calificar la situación como un «secuestro» de la institución, donde se impide el ingreso de funcionarios y se bloquea el avance del trabajo técnico.
Los principales señalados son representantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y de una facción del Partido Liberal. Ante la gravedad, la consejera López exigió la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden y desalojar a quienes boicotean el proceso, advirtiendo que se iniciarán acciones legales por delitos electorales.
El origen del conflicto y la pugna por el resultado
El bloqueo responde a una profunda desconfianza en el proceso. El escrutinio especial debe revisar 2,792 actas con inconsistencias detectadas tras las elecciones del 30 de noviembre, que son determinantes para el resultado final. Los partidos opositores, en particular facciones del Liberal y Libre, acusan al CNE de falta de transparencia y exigen recuentos «voto por voto», algo que el órgano electoral considera fuera del marco legal establecido.
Desde el otro lado, las consejeras electorales, incluyendo a la presidenta Ana Paola Hall, sostienen que estos partidos se niegan a integrar las juntas de verificación y buscan, mediante la presión y la paralización, impedir una declaratoria oficial que no les sea favorable. Esta estrategia, según denuncian, busca forzar una intervención internacional o un escenario de crisis que cuestione la legitimidad del resultado.
Un país a la espera con un empate técnico en el aire
Mientras la clase política se enfrenta, Honduras permanece en un limbo. Los resultados preliminares, con más del 99% de las actas escrutadas, muestran un empate técnico extremadamente ajustado. Nasry «Tito» Asfura, del Partido Nacional, lidera con alrededor del 40.3% de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con aproximadamente el 39.6%. La candidata oficialista, Rixi Moncada, se ubica en un distante tercer lugar.
Con el cronograma electoral quebrantado y la fecha límite del 30 de diciembre acercándose, la presión internacional aumenta y la estabilidad democrática del país pende de un hilo. La comunidad observa si los actores políticos cederán y permitirán que el CNE concluya su labor, o si la crisis se profundizará, dejando a Honduras sin un presidente declarado y sumido en una incertidumbre peligrosa. Esta nota se elaboró con información reportada por la agencia Infobae.
