La Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, dispuso una resolución que generó malestar entre los legisladores salientes. La norma, firmada el 14 de noviembre, obliga a quienes finalicen su mandato a restituir antes del 9 de diciembre todos los espacios físicos, mobiliario y equipos que utilizaron durante su gestión. Quien no cumpla, no cobrará su última dieta.
La medida alcanza a los 127 diputados que recibieron la notificación. El documento recuerda que el Sistema de Registro Patrimonial de Bienes de Uso —aprobado por la propia Cámara en 2019— establece la responsabilidad directa del legislador por la custodia y devolución de los bienes públicos asignados. El incumplimiento, advierte la resolución, afecta la administración de recursos y la transparencia institucional.
Menem justificó la decisión en la necesidad de ordenar y reorganizar los espacios de acuerdo con la nueva composición parlamentaria. “Resulta necesario disponer la restitución de los espacios físicos actualmente ocupados”, señala la nota enviada a los diputados, donde se aclara que la medida también alcanza a las autoridades de todos los bloques políticos.
El procedimiento fija plazos concretos:
Los diputados que terminan su mandato deben restituir bienes y oficinas hasta el 9 de diciembre.
Quienes cesen por otros motivos tendrán 48 horas desde la notificación formal.
Las jefaturas de bloque deberán devolver los espacios en el mismo plazo para permitir la reestructuración edilicia.
La sanción fue el punto que encendió la polémica. La resolución indica que “el incumplimiento dará lugar al descuento de la última dieta”, hasta cubrir el valor total de lo no restituido. Si el monto supera la liquidación final y el diputado no paga la diferencia, el Servicio Jurídico Permanente iniciará acciones judiciales para recuperar bienes o valores equivalentes.
La Dirección de Recursos Humanos quedó a cargo de las retenciones y de coordinar con el Departamento de Patrimonio cada caso. La decisión surge en un contexto de presión por transparencia y control interno, pero abrió fricciones con legisladores que consideraron la medida demasiado rígida.
Con esta resolución, Menem busca cerrar la gestión sin saldos pendientes y dejar reorganizado el edificio para la nueva composición parlamentaria que asumirá el 10 de diciembre.
