La directiva de la petrolera estatal venezolana PDVSA, nombrada por la oposición, presentó una apelación para detener la venta judicial de su filial estadounidense Citgo Petroleum Corporation.
La junta directiva, conocida como «Junta Ad-Hoc», denuncia la existencia de «conflictos de interés graves» en el proceso de remate ordenado por un tribunal de Delaware para pagar deudas que superan los 20 mil millones de dólares.
El futuro de Citgo, valuada en aproximadamente 10 mil millones de dólares y última gran activo en el exterior de PDVSA, queda una vez más en suspenso mientras se resuelve la apelación. Esta acción legal enfrenta a la administración nombrada por la oposición venezolana contra acreedores internacionales y el fallo del juez Leonard Stark, quien ya autorizó la subasta del activo a favor de una filial del fondo Elliott Investment Management. Según DW.
Una apelación basada en irregularidades procesales
La junta directiva de Citgo, designada en 2019 por el gobierno de los Estados Unidos tras desconocer la administración del presidente Nicolás Maduro, presentó el recurso ante una corte de apelaciones el 8 de enero. El argumento central es que el proceso de remate contiene «conflictos de interés graves (…) en detrimento del valor económico del activo».
En su comunicado, la Junta Ad-Hoc solicitó «la anulación de la orden de venta judicial» y aseguró que «continuará ejerciendo la defensa de los activos de la compañía». Con esta acción, buscan revertir el fallo del juez federal Leonard Stark, quien en varias oportunidades autorizó la subasta de Citgo para satisfacer reclamaciones de acreedores que resultaron de expropiaciones durante el gobierno de Hugo Chávez y de deuda emitida bajo la administración de Maduro.
Un activo estratégico en medio de la disputa política
La apelación ocurre en un contexto de alta disputa política. Por un lado, el gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, ha desconocido categóricamente la venta. «Venezuela no reconoce ni reconocerá la venta de Citgo», declaró Rodríguez en diciembre. Por otro, la Junta Ad-Hoc, que representa a la oposición venezolana, actúa bajo el amparo del gobierno estadounidense para proteger lo que consideran un activo nacional estratégico.
La deuda que motiva la venta forzosa supera los 20,000 millones de dólares, y el proceso requiere además la autorización final del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mientras tanto, Citgo, que opera una importante red de refinerías y gasolineras en territorio estadounidense, continúa sus operaciones bajo la dirección de la junta opositora.
Un capítulo más en un largo conflicto jurídico
El destino de Citgo es uno de los frentes más complejos en la larga crisis política y económica de Venezuela. La apelación presentada esta semana es solo el último movimiento en un litigio que lleva años y que involucra a múltiples actores: el gobierno de Maduro, la oposición venezolana respaldada por EE.UU., fondos de inversión acreedores y la justicia estadounidense.
Mientras la corte de apelaciones evalúa el recurso, se mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la compañía. La decisión que se tome podría significar desde la confirmación de la venta —un duro golpe para los activos venezolanos en el exterior— hasta la orden de un nuevo proceso, prolongando aún más esta batalla legal por el control de una de las joyas de la industria petrolera venezolana.
