Chubut y Santa Fe lideran el ranking de juicios laborales en el país.
La denominada «industria del juicio» alcanzó un pico histórico durante el año 2025, consolidando una tendencia que preocupa tanto a sectores empresariales como a las aseguradoras. A pesar de que las estadísticas demuestran una baja sostenida en la siniestralidad, la litigiosidad por accidentes y enfermedades de trabajo no ha dejado de crecer, empujando al sistema hacia una situación de extrema tensión financiera e institucional. En este escenario, provincias como San Luis, Santa Fe y Chubut se posicionan en la cima de los distritos con mayores tasas de demandas iniciadas.
Un récord histórico de demandas en 2025
Durante el último año, el número de causas judiciales por riesgos del trabajo registró un incremento del 6,4% respecto al periodo anterior, convirtiéndose en la cifra más alta desde la creación del sistema en 1996. Según Noticias Argentinas, el índice de litigiosidad se elevó a 132,8 casos por cada 10.000 trabajadores asegurados. San Luis, Santa Fe, Chubut, Mendoza y Jujuy encabezan la lista de las provincias con mayor actividad judicial, un dato que el Gobierno utiliza como argumento central para impulsar la Ley de Modernización Laboral.
La paradoja del sistema actual es evidente: mientras los accidentes laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos bajaron un 80% desde el inicio del régimen (lo que equivale a haber salvado más de 19.000 vidas), los juicios se incrementan de manera desproporcionada. Argentina registra actualmente más de 350 nuevas demandas por día, superando en un 2.200% la litigiosidad de Chile y en un 1.500% la de España.
Distorsiones estructurales y el sistema de pericias
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advierte que el problema responde a distorsiones estructurales, especialmente en el sistema de pericias médicas judiciales. El 73% de los juicios del país se concentra en solo tres jurisdicciones: Buenos Aires, CABA y Santa Fe. El foco del conflicto reside en que la Ley 27.348, que buscaba profesionalizar las pericias, sigue siendo incumplida en gran parte del territorio nacional.
En este contexto, desde la UART sostienen que “la Ley de Modernización Laboral es una nueva oportunidad para que las justicias provinciales cumplan con lo previsto en la norma”. Los especialistas señalan que el viejo sistema de listado de peritos, que cobran en proporción al valor del juicio que ellos mismos peritan, fomenta una litigiosidad espuria que encarece los costos operativos y pone en riesgo la previsibilidad del sistema de cobertura.
Avances y desafíos en las provincias
Pese al panorama crítico, existen señales de cambio en algunas jurisdicciones. Santa Fe, por ejemplo, inició en 2025 el concurso para conformar su Cuerpo Médico Forense y se espera que la Corte Suprema provincial designe pronto a tres peritos oficiales. Sin embargo, Santa Fe y Jujuy mantienen plazos de caducidad de dos años para iniciar acciones judiciales tras el paso por comisiones médicas, lo que los expertos consideran un «despropósito» que atenta contra la celeridad y la seguridad jurídica.
Por otro lado, Mendoza ha implementado auditorías de peritos judiciales. Aunque el control alcanza solo al 2% de los casos, los resultados son contundentes: el 90% de los dictámenes auditados fueron corregidos a la baja. Estos indicadores ratifican la necesidad de reformas que aseguren que la reparación llegue al trabajador de forma justa y rápida, evitando que el proceso judicial se convierta en un fin en sí mismo para los intermediarios del sistema.
