La senadora del PJ presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por una presunta «red de funcionarios» beneficiada con contrataciones directas a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, cuyo vínculo con la esposa de Sturzenegger encendió las alarmas.
La senadora nacional Juliana Di Tullio (bloque Justicialista) presentó este miércoles una denuncia penal ante la Justicia Federal para que se investigue «una red de funcionarios y particulares presuntamente involucrados» en la contratación irregular de cursos de inglés por parte de Cancillería, por un monto superior a los $114 millones.
Según Noticias Argentinas (NA) , la denuncia apunta directamente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y al canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios.
Los señalados en la denuncia
La denuncia identifica con nombre y apellido a los principales responsables de la maniobra que habría beneficiado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) , cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa de Sturzenegger.
Rouillet fue denunciada como coautora del delito de defraudación a la administración pública por ser la directora de la entidad beneficiada con el contrato.
También fue señalada María Cristina Dellepiane, quien adjudicó la contratación directa a través de la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
El canciller Pablo Quirno aparece en la lista por la presunta comisión del delito de «encubrimiento por omisión de denuncia» . Según la presentación, el ministro «optó por justificar públicamente la contratación a través de sus redes sociales» en lugar de denunciar las irregularidades.
Federico Sturzenegger es señalado por «presunto tráfico de influencias» : la denuncia sostiene que «no se puede descartar su mediación ante las autoridades de Cancillería» para obtener la adjudicación directa «que benefició a la entidad dirigida por su cónyuge».
Otros involucrados y pedido de investigación
Di Tullio también solicitó que se investigue como «partícipes necesarios» a los directores de las áreas técnicas que permitieron la viabilidad del contrato. Entre ellos:
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Titular de Desarrollo de Recursos Humanos (Cancillería)
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Titular de Compras y Contrataciones (Cancillería)
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Titular de Asuntos Jurídicos (Cancillería)
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Titular de Planificación de Políticas de Transparencia
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Director nacional de Ética Pública (Oficina Anticorrupción)
La denuncia concluye que «todos los involucrados se habrían alejado de un fin lícito para garantizar un beneficio para un tercero vinculado con un ministro del Poder Ejecutivo Nacional».
