Chubut: intendentes se unen contra coimas para frenar las clases.
En un gesto de unidad institucional sin precedentes, más de treinta intendentes y jefes comunales de Chubut se presentaron formalmente como querellantes en la causa que investiga presuntas maniobras espurias para impedir el inicio del ciclo lectivo 2026. La movida judicial busca respaldar la denuncia impulsada por el gobernador Ignacio Torres, quien sostiene que sectores empresariales habrían intentado financiar disturbios para tomar como «rehenes» a los estudiantes provinciales.
Un frente común contra el «atropello institucional»
La decisión de los mandatarios locales quedó plasmada en un documento conjunto que exige llevar la investigación «hasta las últimas consecuencias». Los firmantes cuestionan qué intereses económicos o sectoriales se ocultan detrás de estas maniobras. Según Canal 4 Esquel, los jefes comunales recordaron «lo difíciles que fueron los años en los que nuestros chicos no pudieron estar en las aulas», reafirmando que no permitirán que conflictos de poder vuelvan a afectar la continuidad escolar.
El texto apunta directamente contra un sector específico al que califican como un «puñado de empresarios» que se habrían enriquecido usufructuando recursos públicos. «No vamos a permitir que intenten propiciar el no inicio de clases tomando como rehenes a los estudiantes de nuestra provincia», sostiene el comunicado. Esta postura unificada entre ciudades grandes y comunas rurales subraya la gravedad de la acusación y la determinación de depurar prácticas que asocian a comportamientos mafiosos.
Representación territorial y respaldo político a Torres
La lista de firmas refleja un amplio abanico geográfico, desde la costa hasta la cordillera. Entre los nombres destacados figuran Gustavo Sastre (Puerto Madryn), Gerardo Merino (Trelew), Damián Biss (Rawson) y Matías Taccetta (Esquel), además de referentes de localidades como Lago Puelo, Sarmiento y Gan Gan. Esta diversidad territorial le otorga a la querella un volumen político que trasciende las banderas partidarias, enfocándose en la defensa de los recursos públicos y la transparencia institucional.
Desde el Ejecutivo provincial, se interpreta este apoyo como una señal de fortaleza frente a intentos de desestabilización. El Gobierno de Chubut remarcó que la provincia transita una etapa de orden y reglas claras, asegurando que «la educación de nuestros chicos y la institucionalidad de Chubut no se negocian». Con la presión de los municipios sobre el expediente judicial, la investigación entra en una fase decisiva para identificar a los responsables intelectuales y materiales de estas presuntas coimas.
Hacia la transparencia del ciclo lectivo 2026
El conflicto actual pone de manifiesto la tensión entre la vieja guardia de intereses sectoriales y la nueva agenda de transparencia que intenta imponer la gestión provincial. Mientras la justicia avanza en la recolección de pruebas, la comunidad educativa observa con atención un proceso que definirá no solo el comienzo de las clases el próximo mes, sino también la legitimidad de las reglas de juego en la provincia. El foco está puesto ahora en la capacidad de la pesquisa para desarticular estas redes de influencia y garantizar un inicio escolar en paz.
