El Ministerio Público Fiscal imputó provisoriamente el delito de “resistencia a la autoridad” por un hecho ocurrido en 2025. En aquella ocasión, Fabricio Sachi se negó al test de alcoholemia, profirió amenazas y se retiró del lugar, lo que motivó la formalización de la investigación.
En los tribunales del barrio Roca de Comodoro Rivadavia se concretó la audiencia de apertura de la investigación por el hecho acontecido el 25 de octubre de 2025, que tiene como imputado a Fabricio Sebastián Sachi, fiscal federal auxiliar de Caleta Olivia.
La diligencia fue presidida por el juez penal Jorge Odorisio, con la intervención del fiscal Jefe Cristian Olazábal y del defensor particular Francisco Oneto, quien participó por videoconferencia.
El fiscal realizó un breve relato del hecho a investigar y requirió que se formalice bajo la calificación provisoria de “resistencia a la autoridad”. Asimismo, solicitó que se fije una nueva audiencia de incidentes para “tratar una solución alternativa del conflicto”. En contraposición, el defensor planteó el sobreseimiento para su asistido y, subsidiariamente, la excepción por falta de acción. De acuerdo con ADNSUR.
El día que el discal de Caleta Olivia amenazó a personal de tránsito
De acuerdo al relato del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 25 de octubre de 2025, aproximadamente a las 06:10 horas, cuando personal de la Agencia Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, conjuntamente con efectivos policiales de la Comisaría Seccional Segunda, se encontraban realizando un control vehicular y test de alcoholemia en la intersección de las calles Cardenal Cagliero y Necochea de la ciudad.
En ese contexto, Sachi transitó por el lugar a bordo de un vehículo marca Nissan, acompañado por una femenina no identificada, a gran velocidad. Al advertir la presencia del control policial, detuvo su marcha bruscamente y estacionó el rodado a 45° sobre calle Necochea.
Una agente se acercó a la ventanilla del vehículo a fin de llevar adelante tareas propias del control. Luego de que el conductor entregara la documentación habilitante requerida, se le indicó que se le realizaría el test de alcoholemia. En ese momento, según la acusación, manifestó: “vos no sabés con quién te estás metiendo. Qué lástima que el lunes pierdas tu trabajo por realizar un test de alcoholemia a un fiscal general”.
Los planteos de las partes y la resolución
Olazábal sostuvo que existe evidencia suficiente en la causa para sostener la existencia del hecho y la probable responsabilidad del imputado, y reiteró su pedido de formalización bajo la calificación provisoria de “resistencia a la autoridad”. También requirió que se fije una nueva audiencia de incidentes para evaluar una posible solución alternativa del conflicto.
Por su parte, el defensor particular planteó el sobreseimiento de su asistido al considerar que la acción fue ilegalmente promovida, argumentando que hubo una presión externa indebida, que el caso fue mediatizado y que intervino el ministro de Seguridad, lo que —según su postura— le quita independencia al tribunal.
Subsidiariamente, el abogado interpuso la excepción por falta de acción, señalando que su asistido deja su auto e ingresa a su casa, 40 metros antes del control, y que los agentes abandonan el operativo para dirigirse hacia él a solicitarle la documentación cuando ya se encontraba estacionado.
El fiscal respondió solicitando que se rechace la falta de acción, remarcando que ante el conocimiento de un delito es deber del Ministerio Público Fiscal promover la acción penal. En este sentido, afirmó que no hubo vulneración de la ley y que los medios solo aportan información, por lo que está habilitada la persecución penal y que en esta etapa preparatoria se evalúa la consistencia de la investigación. También pidió que se rechace el sobreseimiento por considerarlo prematuro.