Jorge Miquelarena se presentó ante la Fiscalía de Trelew invocando el derecho de vindicación. La denuncia busca esclarecer el contenido de una filmación donde se observa una presunta entrega de dinero vinculada a un acuerdo judicial.
En la mañana de hoy, el Procurador General de la provincia del Chubut, Jorge Miquelarena, formalizó una denuncia ante el fiscal general Omar Rodríguez con el objetivo de iniciar una investigación penal preparatoria. La medida surge tras la viralización de un video en el que se observa al abogado Martín Castro recibiendo una suma de dinero que, según el audio de la grabación, ascendería a 12 millones de pesos.
Link al video: https://www.facebook.com/share/v/1DehnGNJHe/
El marco legal: El Derecho de Vindicación
La presentación de Miquelarena se fundamenta en el artículo 68 de la Constitución Provincial, el cual establece el «derecho de vindicación». Este mecanismo permite que cualquier funcionario público, ante una sospecha o imputación pública de un delito relacionado con su cargo, exija una investigación judicial para demostrar su inocencia y la transparencia de sus actos.
Artículo 68 – Constitución de Chubut: «Todo funcionario o empleado público a quien se impute la comisión de un delito en el ejercicio de su cargo, tiene el derecho y la obligación de solicitar su vindicación ante la justicia…»
Contexto y elementos del video
El material audiovisual, que circuló inicialmente en redes sociales y portales informativos, muestra una reunión en un ámbito privado donde se contabilizan fajos de billetes. En el audio ambiente se menciona un presunto acuerdo con una integrante del Ministerio Público Fiscal, la doctora Julieta Gamarra, para la resolución de una causa penal mediante una pena reducida.
Asimismo, la denuncia busca determinar si existe vinculación entre el hecho filmado y otros funcionarios mencionados indirectamente en la grabación, como el Subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena.
Próximos pasos procesales
Tras la denuncia del Procurador:
El Ministerio Público Fiscal (MPF) ha iniciado las actuaciones correspondientes para analizar la veracidad y el origen del material.
Se espera que se realicen peritajes técnicos sobre el video para confirmar que no ha sido editado o manipulado.
Se deberán citar a declarar a las personas que aparecen en la filmación, incluyendo al abogado Martín Castro.
Hasta el momento, no se han dictado medidas cautelares ni suspensiones preventivas, quedando el caso bajo la órbita de la Unidad Fiscal especializada en delitos contra la administración pública.