En una jugada de manual del oficialismo, la diputada libertaria Lilia Lemoine se encamina a presidir la clave comisión de Juicio Político, un cuerpo que permaneció congelado durante dos años para evitar que la oposición avanzara contra Javier Milei.
La decisión, impulsada por la cúpula del Gobierno y con el visto bueno de Martín Menem, le agrega un capítulo de revancha en la interna libertaria: Lemoine ocupará el lugar que Marcela Pagano reclamó hasta quedarse afuera del bloque.
La comisión que estuvo paralizada dos años por miedo a la oposición
La comisión de Juicio Político de Diputados lleva más de 24 meses en un limbo administrativo. Desde abril de 2024, cuando fracasó la designación de autoridades en medio de una pelea interna de La Libertad Avanza, el cuerpo quedó sin funcionamiento. Esa parálisis no fue casualidad: le sirvió al oficialismo como un escudo para evitar que la oposición tuviera un vehículo disponible para iniciar el juicio político contra Javier Milei.
En aquel momento, el arco opositor contaba con mayorías hipotéticas para al menos sentar al Presidente en el banquillo, aunque luego no reuniera las dos terceras partes necesarias en cada cámara para removerlo. Hoy, con el oficialismo más fortalecido en el Congreso, la estrategia cambia: ahora buscan poner al frente a una incondicional para mantener el cuerpo bajo siete llaves.
La interna sangrienta: de la pelea con Pagano a la revancha consumada
La historia de esta comisión tiene un capítulo previo cargado de tensión. En abril de 2024, la entonces diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano había conseguido los votos necesarios para convertirse en presidenta del cuerpo. Pero cuando todo estaba encaminado, Martín Menem recibió una contraorden directa de Karina Milei y frenó la convocatoria a último momento.
Lo que siguió fue una pulseada de alto voltaje: Menem impulsaba a Bertie Benegas Lynch para el cargo, mientras Pagano insistía en que ella había sido ungida legítimamente y acusaba al riojano de violar el reglamento. Su perseverancia le costó su lugar en el bloque libertario, donde la convivencia se volvió insostenible, especialmente por la relación rota con el presidente de la Cámara.
Pero si hubo una figura que encarnó el enfrentamiento con Pagano fue Lilia Lemoine. Ambas protagonizaron cruces despiadados en redes sociales y también dentro del recinto. La cosplayer libertaria se convirtió en la archienemiga interna de Pagano, y hoy su llegada a la presidencia de Juicio Político tiene un gusto a revancha consumada.
El blindaje oficialista: por qué el Gobierno quiere a Lemoine al frente
La decisión de encumbrar a Lilia Lemoine no es un simple movimiento de fichas. Responde a una estrategia calculada por la propia cúpula del Gobierno, que busca asegurarse el control absoluto de la única comisión que puede abrir un proceso de enjuiciamiento contra el Presidente.
Con una incondicional al frente, el oficialismo reduce al mínimo los riesgos. La oposición, que durante todo este tiempo quedó sin herramientas para avanzar, ahora enfrenta un escenario aún más adverso. El último recurso que les queda son los emplazamientos en el recinto, un instrumento que ya utilizaron hasta el cansancio durante el año pasado.
El patrocinio de la Casa Rosada a Lemoine ocurre en paralelo a otro movimiento estratégico: el impulso a Sebastián Pareja para que encabece la comisión Bicameral de Inteligencia, otro de los cuerpos clave que el oficialismo busca blindar de cara al cierre del mandato de Milei.
El escenario actual: menos riesgos y una comisión bajo control
La normalización de la comisión de Juicio Político llega en un momento políticamente conveniente para el oficialismo. Ya no existen aquellas mayorías opositoras que en 2024 podían hipotéticamente reunir los votos para iniciar un proceso. Hoy, con La Libertad Avanza pisando más fuerte en ambas cámaras y con la conducción del cuerpo a cargo de una diputada de extrema confianza, el blindaje está casi garantizado.
La designación de Lemoine no solo resuelve un conflicto interno que se prolongó por casi dos años, sino que también envía una señal clara: el Gobierno no está dispuesto a correr riesgos en el tramo final del mandato de Javier Milei.