Tres meses después, el nene pasó a vivir con su madre.
En medio de la conmoción por la muerte de Ángel, el niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, han salido a la luz documentos que revelan un trasfondo de extrema vulnerabilidad. Un informe elaborado por la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad en agosto de 2025 advertía que el menor y la entonces pareja de su padre, Lorena Andrade, eran víctimas de constantes situaciones de violencia.
Detalles del informe de la Secretaría de la Mujer
El documento, al que tuvo acceso ADNSUR, describe un vínculo signado por violencia psicológica, física, ambiental y económica por parte de Luis López, padre del niño, agravado por consumos problemáticos. Según el informe, los episodios de maltrato eran semanales y alcanzaban un «riesgo alto» en lo físico.
En aquel momento, el organismo municipal intervino para brindar «espacios de escucha activa» a Lorena, quien manifestó su intención de recurrir a la Defensa Pública para solicitar la tenencia definitiva de Ángel. El plan de la Secretaría incluía además asistencia económica para que la mujer pudiera iniciar un microemprendimiento de indumentaria infantil y así consolidar un proyecto de vida autónomo y libre de violencia.
Relatos de maltrato hacia el menor
En sintonía con este informe, trascendió una denuncia radicada por Andrade ante la Justicia donde detallaba agresiones directas hacia el pequeño de 4 años:
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Agresiones con objetos: Lorena relató que, en una ocasión, el padre le arrojó un tenedor al niño porque este no quería comer.
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Encierros y heridas: La mujer describió haber encontrado a Ángel llorando encerrado en el baño con una herida en la pierna. Según su testimonio, el padre admitió haberle pegado porque el niño se rascó y manchó las sábanas con sangre.
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Lesiones físicas: En otra oportunidad, López le habría confesado a su pareja: «Se me pasó la mano, le dejé un moretón a Ángel».
Un giro en la custodia
A pesar de que estos informes y denuncias señalaban a la casa del padre como un entorno hostil, tres meses después de la elaboración del informe (en noviembre de 2025), el escenario cambió drásticamente. El Juzgado de Familia N°4, a cargo de Pablo José Pérez, dispuso que Ángel pasara a vivir con su madre biológica, Mariela Altamirano.
Hoy, Altamirano y su pareja se encuentran en el centro de la investigación penal, sospechados de haber provocado las lesiones craneales que terminaron con la vida del niño. Mientras tanto, el padre de Ángel asegura que nunca fue escuchado, creando una compleja trama de acusaciones cruzadas y fallas en el sistema de protección de niñez que la Justicia de Chubut deberá esclarecer.




