En un operativo sin precedentes para la Justicia patagónica, la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Chubut logró incautar más de 150 mil dólares en activos digitales
El procedimiento, que incluyó allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el resultado de una minuciosa investigación que comenzó tras un simple robo de celular en territorio chubutense, pero que terminó revelando una compleja red de lavado de activos mediante criptomonedas.
Del robo de un celular a una red de lavado digital
La causa se inició con la denuncia de una víctima en Chubut a quien le sustrajeron el teléfono móvil. Los delincuentes, tras vulnerar las barreras de seguridad, accedieron a su cuenta bancaria y vaciaron los fondos, convirtiéndolos inmediatamente en criptoactivos. El rastro digital, seguido de cerca por los investigadores, permitió detectar que el dinero circuló por diversas billeteras virtuales hasta terminar en una cuenta vinculada a una ciudadana china radicada en el país.
El seguimiento de los fondos fue posible gracias a avanzadas técnicas de trazabilidad de activos virtuales. Un dato clave en la pesquisa fue que la cuenta receptora ya se encontraba bajo la lupa del FBI en una investigación paralela, lo que facilitó el bloqueo previo de los activos y la posterior intervención de la justicia argentina.
Allanamientos en Buenos Aires y cooperación internacional
Los fiscales Fernando Rivarola y Eugenia Domínguez, junto al perito Juan Uad, encabezaron los allanamientos en dos domicilios de CABA. Con el apoyo de la División de Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad, se logró el secuestro de billeteras de hardware (Cold Wallets) y dispositivos de almacenamiento de software relacionados con la maniobra fraudulenta. Además de las criptomonedas, se incautó dinero en efectivo y diversas divisas.
Este procedimiento marca un hito en la persecución de delitos digitales en Argentina, un terreno donde las herramientas legales están comenzando a adaptarse a la velocidad de la tecnología. Los activos recuperados fueron transferidos a una billetera institucional bajo la custodia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, asegurando que el botín del cibercrimen vuelva a estar a disposición de la ley.