Una jornada de extrema sensibilidad social se vivió este martes en las afueras de la Escuela Nº 21 de Trelew
Lo que comenzó como una concentración de padres en busca de respuestas ante presuntos casos de abuso entre alumnos, derivó en graves enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La comunidad educativa exige la intervención directa de las autoridades ministeriales, mientras el clima de desprotección y angustia crece entre las familias de la institución.
Reclamos, indignación y el pedido de respuestas oficiales
La movilización se gestó tras conocerse testimonios de alumnos que habrían sido víctimas de manoseos y abusos por parte de un compañero de clase. «Hasta que no nos den una respuesta no nos movemos; con los chicos no se mete nadie», sentenció una de las madres que actuó como vocera ante la prensa local. Los padres cuestionan duramente la ausencia de supervisión durante los recreos y la aparente inacción de los directivos frente a situaciones que, según afirman, ya se habrían advertido el año pasado.
El relato de las familias apunta no solo a la institución, sino también a la responsabilidad de los progenitores del menor señalado, sugiriendo un contexto de descuido y falta de contención en el hogar. La desesperación de los manifestantes se centró en la necesidad de protocolos claros de prevención y en la urgencia de que el Ministro de Educación brinde garantías de seguridad para el retorno a las aulas.
Incidentes con la Policía y marcha hacia el Municipio
Luego de una hora de protesta pacífica, el ambiente se tornó hostil cuando un sector de los presentes comenzó a arrojar piedras contra el edificio y el cordón policial que custodiaba el lugar. La respuesta de la fuerza de seguridad fue inmediata: se activó el protocolo antidisturbios y personal de la Sección Canes utilizó balas de goma para dispersar a la multitud. Los incidentes provocaron corridas y momentos de pánico entre quienes participaban del reclamo.
Tras la represión, la columna de padres se trasladó por la calle Rivadavia hacia el Palacio Municipal, buscando elevar el reclamo a las autoridades políticas de la ciudad. El pedido de justicia se mantiene firme, bajo la promesa de las familias de no enviar a sus hijos al establecimiento hasta que se implementen medidas concretas que aseguren la integridad física y psíquica de los menores.