Giro en la causa AFA: descartan la detención de «Chiqui» Tapia y el juez se declara incompetente.
La megacausa que investiga a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunto lavado de dinero y asociación ilícita dio un vuelco inesperado esta tarde. A pesar del pedido inicial del fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien había solicitado la detención e indagatoria de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, el juez federal Sebastián Argibay descartó los arrestos y decidió desprenderse del expediente.
En una resolución de 39 páginas, el magistrado consideró que el pedido de la fiscalía no cumplía con los estándares mínimos para avanzar con las detenciones, calificando la acusación como una hipótesis “genérica y abierta”.
Falta de pruebas y traslado de la causa a Campana
El juez Argibay fue tajante al señalar la “ausencia de un hecho concreto y específico” que justificara las medidas restrictivas de libertad solicitadas por Simón. Según el fallo, el requerimiento fiscal carecía de precisión sobre el delito precedente, un elemento técnico fundamental para acreditar el origen ilícito de los fondos en una investigación por lavado de activos.
Ante este escenario, el magistrado se declaró incompetente para seguir interviniendo en el caso y ordenó remitir todas las actuaciones al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Esta decisión se tomó en medio de una fuerte tensión judicial, ya que, al momento de firmar la resolución, Argibay aún no había sido notificado formalmente de la recusación que pesaba en su contra por presuntos vínculos comerciales de su entorno familiar con el hermano de Toviggino.
Los detalles de la acusación fiscal
Cabe recordar que el fiscal Simón basó su pedido en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Inspección General de Justicia, que detectaron movimientos financieros y adquisiciones de bienes de lujo —como estancias y vehículos de alta gama— que no coincidirían con los ingresos declarados por los dirigentes.
La fiscalía sostiene la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la defraudación, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares vinculadas al manejo de los fondos del fútbol argentino. Con el traslado del expediente a la jurisdicción de Campana, se abre un nuevo interrogante sobre si el nuevo juez ratificará la postura de Argibay o si dará lugar a las medidas de prueba y detenciones que reclama el Ministerio Público Fiscal.