«Coimagate»: nuevas indagatorias por desvíos de $75 mil millones en ANDIS.
El escándalo de corrupción conocido como «Coimagate» suma un nuevo y millonario capítulo. El fiscal Franco Picardi detectó maniobras fraudulentas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que habrían significado una erogación de más de $75.478 millones del erario público. Por este motivo, la Justicia solicitó el llamado a indagatoria de 29 personas, incluyendo la ampliación de los cargos contra el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.
El esquema de direccionamiento en insumos de alto costo
La investigación judicial, que ya cuenta con 19 procesados, reveló que la corrupción no se limitaba a los medicamentos, sino que se extendió de forma sistemática a los insumos de alto costo. Según el dictamen fiscal, existió un direccionamiento deliberado en rubros sensibles como implantes auditivos, sillas de ruedas, neurocirugía y traumatología.
Picardi detalló que este entramado fue conducido desde el sector público por Diego Spagnuolo (íntimo amigo del presidente Javier Milei) y Daniel María Garbellini, mientras que desde el ámbito privado operaban el lobbista Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. La fiscalía sostiene que la ANDIS funcionó como una «ventanilla de pagos indebidos» para favorecer a un grupo reducido de empresas cartelizadas.
La pista del «3% para KM» y las coimas
Uno de los puntos más sensibles del expediente son las reiteradas referencias a un sistema de retornos del 3%. De acuerdo con las pruebas acumuladas, que incluyen audios filtrados y anotaciones en cuadernos del lobbista Calvete, ese porcentaje de coima tendría como destino final a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
En los diálogos analizados por la Justicia, los propios imputados mencionan el «3% para KM» como parte del acuerdo para aceitar las adjudicaciones millonarias. Estas evidencias han fortalecido la hipótesis de una asociación ilícita que operó de manera ininterrumpida entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Nuevos imputados y el futuro de la causa
Además de los pedidos de ampliación para Spagnuolo y Calvete, el fiscal Picardi solicitó la indagatoria de 24 nuevos imputados, mayoritariamente empresarios que habrían formado parte de la red de proveedores favorecidos.
La causa se encuentra radicada en el Juzgado Federal N° 11, actualmente a cargo del juez Ariel Lijo. Para el Ministerio Público Fiscal, la evidencia demuestra que se montó un sistema para defraudar al Estado en perjuicio de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, utilizando vínculos personales y funcionales para garantizar la permanencia del esquema delictivo.
