La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzó un duro rechazo a la reforma tributaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y solicitó un “nuevo consenso fiscal”.
La entidad advirtió que los cambios propuestos impactan de lleno en los trabajadores y el consumo, mientras dejan intactos los problemas estructurales del sistema impositivo argentino.
Fuerte crítica a la reforma del FMI
Desde CAME calificaron las modificaciones como “regresivas”, al considerar que amplían la carga tributaria sobre sectores medios y bajos. Entre las medidas cuestionadas se destacan la ampliación del Impuesto a las Ganancias, la extensión del IVA a productos actualmente exentos y cambios en el Monotributo.
La entidad sostuvo que estas decisiones “recaen principalmente sobre los asalariados y el consumo doméstico”, generando una pérdida del poder adquisitivo y mayores costos para quienes intentan mantenerse dentro de la formalidad.
El análisis también advierte que estas reformas no abordan los tributos que realmente frenan la inversión y el empleo.
El foco en los impuestos provinciales y municipales
Uno de los puntos más críticos del documento es el señalamiento sobre la presión tributaria subnacional. CAME remarcó que el verdadero problema radica en impuestos como Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales.
Estos tributos representan entre el 2% y el 6% de la facturación de una empresa, independientemente de su rentabilidad. Además, funcionan como un “impuesto en cascada”, acumulándose en cada etapa del proceso productivo.
La entidad también denunció que los regímenes de retención y percepción generan saldos a favor que, en la práctica, las empresas no logran recuperar en tiempo y forma.
Saldos a favor: un “préstamo forzoso” al Estado
CAME alertó que muchas compañías terminan pagando más impuestos de los que realmente deben, acumulando créditos fiscales que el Estado demora entre 12 y 36 meses en devolver.
Durante ese período, esos fondos pierden entre el 60% y el 80% de su valor por efecto de la inflación. En ese sentido, la entidad calificó el mecanismo como un “préstamo forzoso sin remuneración”, que afecta directamente el capital de trabajo.
Además, señalaron que este beneficio financiero para el Estado no se refleja en los indicadores oficiales de presión tributaria.
Propuesta: un nuevo consenso fiscal urgente
Frente a este panorama, CAME propuso avanzar en un acuerdo integral entre Nación, provincias y municipios. El objetivo es establecer reglas claras y permanentes que reduzcan la presión impositiva y fomenten la producción.
Entre los principales puntos planteados se incluyen:
- Eliminar Ingresos Brutos en etapas intermedias y aplicarlo solo al consumidor final
- Limitar las alícuotas de retención a un máximo del 1% según actividad
- Actualizar automáticamente los saldos a favor mediante índice CER
- Garantizar devoluciones en un plazo máximo de 90 días con intereses
- Unificar criterios fiscales en todo el país
- Controlar las tasas municipales sin respaldo en servicios reales
- Publicar datos trimestrales sobre saldos acumulados
- Fortalecer el rol de control de la Comisión Arbitral
El planteo de CAME reaviva el debate sobre la estructura tributaria argentina y pone en tensión las exigencias del FMI con la realidad de las pymes. En un contexto económico complejo, el reclamo apunta a rediscutir el sistema impositivo desde sus bases para evitar un mayor freno a la producción y el empleo.