El debate por la ludopatía vuelve al centro de la escena política. El Gobierno nacional envió al Senado un nuevo proyecto que busca combatir el juego online problemático, con un foco claro: prohibir el acceso de menores a las plataformas de apuestas.
Sin embargo, la iniciativa encendió la polémica al permitir, bajo ciertas condiciones, la publicidad de los juegos de azar.
La propuesta contrasta con el proyecto aprobado en 2024 por la Cámara de Diputados, que establecía restricciones más duras, incluyendo la prohibición total de la publicidad. Ahora, el oficialismo deberá introducir modificaciones y eventualmente devolver el texto a Diputados.
Un proyecto que divide aguas en el Congreso
El antecedente inmediato marca una fuerte grieta política. La iniciativa anterior fue aprobada con 139 votos positivos impulsados por bloques como el peronismo, la izquierda y sectores federales, frente a 36 rechazos de La Libertad Avanza y 59 abstenciones de espacios como el PRO y la UCR.
En el Senado, el tratamiento comenzó en comisión en septiembre de 2025, pero nunca logró dictamen debido a diferencias internas en la oposición.
Ahora, el nuevo proyecto será analizado en las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia, presididas por referentes libertarios, lo que anticipa un debate intenso.
Publicidad permitida, pero con límites estrictos
Uno de los puntos más controvertidos es la regulación de la publicidad. A diferencia del texto anterior, el nuevo proyecto permite la difusión de apuestas online autorizadas, aunque con fuertes restricciones.
Entre las principales condiciones se establece que:
- No podrá estar dirigida a menores de edad.
- No deberá asociar el juego con éxito social, económico o personal.
- No podrá incentivar el consumo de alcohol o tabaco.
- Los medios deberán verificar que los anuncios correspondan a operadores legales.
Además, se prohíbe de manera tajante la promoción de plataformas ilegales.
Medidas para prevenir y entender la ludopatía
El proyecto también incorpora un enfoque sanitario y social. Propone campañas de concientización sobre los efectos del juego patológico y la elaboración de estadísticas para dimensionar el problema.
El objetivo es identificar grupos vulnerables y diseñar políticas públicas de prevención, asistencia y rehabilitación.
Asimismo, se plantea erradicar las plataformas ilegales y reforzar los controles sobre el ecosistema digital del juego.
Duras penas contra el juego clandestino
En cuanto a las sanciones, la iniciativa establece penas severas:
- Entre 3 y 6 años de prisión para quienes operen plataformas ilegales.
- Entre 2 y 4 años para quienes faciliten su funcionamiento mediante servicios financieros, tecnológicos o publicitarios.
Estas medidas buscan desarticular el circuito clandestino que creció en paralelo al auge del juego online.
El nuevo proyecto abre un debate complejo: cómo combatir la ludopatía sin bloquear por completo una industria en expansión. Mientras se protege a los menores, la habilitación de la publicidad genera resistencias y promete una fuerte discusión en el Congreso.
El texto ya comenzó su recorrido legislativo y podría marcar un cambio clave en la regulación del juego online en el país.