El fiscal Pérez Barberá pidió que la causa por la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino (AFA) sea investigada por la Justicia Penal Económica de CABA.
El fiscal general Gabriel Pérez Barberá dictaminó que el expediente por presunto lavado de activos contra el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, debe salir del juzgado federal de Campana —bajo la órbita de un magistrado considerado cercano a la entidad del fútbol— y regresar al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa judicial que investiga el patrimonio de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entró en una etapa de definiciones logísticas clave. El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, presentó un dictamen formal en el que solicita que la investigación penal contra Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha del presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, sea devuelta de inmediato a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, retirándola de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.
El expediente se encuentra actualmente radicado de forma transitoria en el Juzgado Federal de Campana, bajo la tutela del magistrado Adrián González Charvay. La permanencia del caso en esa sede es cuestionada por los denunciantes debido a la conocida cercanía del juez con el entorno de la conducción de la AFA. Con el pronunciamiento del fiscal, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio quedaron facultados para resolver si la investigación permanece en Campana o regresa al Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 10, subrogado por la jueza Verónica Straccia.
El debate por la competencia territorial y técnica
El pedido de Pérez Barberá se apoya en la complejidad intrínseca de los delitos financieros y en la necesidad de contar con cuerpos periciales especializados para desentramar estructuras societarias complejas.
“Entre la justicia federal de Campana y la Justicia Nacional en lo penal económico de esta Ciudad, debe considerarse competente a esta última para continuar con la investigación. El Ministerio Público Fiscal debe velar por la especialización técnica en la materia, la cual termina siendo decisiva en materia de atribución de competencia en casos de múltiple territorialidad», argumentó el fiscal general en su escrito.
Este conflicto de competencias sumó un capítulo neurálgico a mediados de mayo, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo previo de la Cámara Federal de San Martín que había favorecido el pase del expediente al juzgado de Campana. Con los votos mayoritarios de los jueces Ángela Ledesma y Javier Carbajo, el máximo tribunal penal del país ordenó que sea la Cámara Penal Económica de la Capital la que dictamine el destino definitivo de la causa, dejando sin efecto la disidencia del juez Mariano Borinsky, quien consideraba el recurso inadmisible.
Las claves de la mansión de USD 17 millones
El núcleo de la investigación penal se originó a partir de una denuncia integral radicada el 1 de diciembre de 2025 por los dirigentes políticos Elisa Carrió, Juan Manuel del Gaiso y Matías Yofe. En dicha presentación, se expuso la existencia de un presunto esquema de lavado de dinero orientado a la adquisición de bienes de lujo, vehículos de alta gama, caballos de raza árabe y propiedades inmobiliarias de montos millonarios que no coincidirían con los ingresos declarados por las autoridades del fútbol argentino.
El foco principal de las pericias patrimoniales apunta a una imponente quinta residencial ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. La propiedad fue adquirida originalmente al exfutbolista Carlos Tevez en 2023 y formalizada mediante escrituras en mayo de 2024.
Las inconsistencias contables detectadas por los peritos se centran en dos variables:
-
Valor Declarado: Las operaciones formales de compraventa registraron un valor de US$ 1,8 millones.
-
Tasación Real: Informes y tasaciones oficiales incorporadas recientemente al expediente judicial estiman que el valor real de mercado del inmueble ronda los US$ 17 millones.
La hipótesis de la fiscalía apunta a que la adquisición se canalizó a través de una red de presuntos testaferros vinculados de manera directa a Toviggino. En los papeles registrales, la titularidad de la quinta figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, bajo el paraguas societario de la firma Real Central SRL. Sin embargo, los investigadores detectaron que Pantano utilizaba una tarjeta de crédito corporativa emitida por la propia AFA para solventar gastos cotidianos y que Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la entidad, figura en las planillas de seguridad como uno de los visitantes más frecuentes de la propiedad.