La discusión de reformas normativas en el ámbito fiscal y su impacto inmediato sobre la liquidez de las unidades productivas configuran el eje de los reclamos corporativos ante el Palacio de Hacienda.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó un pedido formal al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, luego del anuncio oficial sobre el envío al Congreso de un proyecto para modificar la actual Ley de Inocencia Fiscal. La entidad considera necesario implementar medidas de alivio para las pequeñas y medianas empresas durante el período de transición que demandará el tratamiento legislativo de la iniciativa.
Uno de los principales planteos apunta a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no aplique multas a las pymes mientras transcurra el plazo de espera previsto por la normativa. Según explicó la entidad, la incertidumbre generada por los cambios en discusión podría afectar el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de numerosos contribuyentes.
Modificaciones en el esquema de sanciones y freno a los apremios
La propuesta sectorial contempla un esquema atenuado de penalidades y la interrupción de las demandas judiciales de cobro coactivo:
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Reducción de penalidades: CAME propuso que, en aquellos casos donde las empresas regularicen su situación dentro de los 15 días posteriores a la finalización del período de espera, la sanción económica correspondiente sea reducida en un 50%. La organización considera que solo debería aplicarse la multa completa cuando el contribuyente no haya cumplido con la obligación una vez vencido ese plazo adicional.
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Paralización de embargos: La preocupación del sector empresario también se extiende a las acciones de cobro impulsadas por el Estado. Por ese motivo, la entidad solicitó la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos que actualmente afectan a las pequeñas y medianas empresas, argumentando que muchas firmas atraviesan una situación financiera compleja en un contexto de baja actividad económica.
Solicitud de moratoria y parámetros de financiamiento
En paralelo, la representación empresaria planteó los requisitos mínimos que debería reunir el plan de regularización excepcional para resultar efectivo bajo las actuales condiciones macroeconómicas. El planteo también incluye que el beneficio alcance a las deudas vencidas al 31 de mayo de 2026, así como a los planes de pago que actualmente se encuentren vigentes y a aquellos que hayan caducado:
“Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación”, señaló Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME.
Indicadores sectoriales y agenda macroeconómica global
El diagnóstico sobre la sustentabilidad de los comercios y las industrias de menor escala se enmarca, asimismo, en las negociaciones de reformas estructurales asumidas por el Estado nacional:
Desde la entidad advirtieron que la situación se produce en un escenario marcado por un consumo deprimido, dificultades para sostener los niveles de actividad y una creciente presión fiscal sobre el sector productivo. A esto se suma el debate abierto en torno a una eventual reforma tributaria integral, impulsada en parte por las recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese contexto, CAME sostuvo que resulta fundamental adoptar medidas que permitan sostener la actividad económica y preservar el entramado productivo nacional. Según remarcaron, las propuestas presentadas buscan fortalecer la competitividad de las pymes, evitar cierres de empresas y preservar fuentes de trabajo, mientras se define el nuevo marco normativo que impulsa el Gobierno nacional.