En un giro dramático que promete dinamitar la relación política entre los principales distritos del país y la Casa Rosada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pateó el tablero de manera definitiva.
Tras participar activamente en la tercera audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el mandatario bonaerense dio por agotado todo canal de diálogo con la administración del presidente Javier Milei debido a los persistentes y millonarios incumplimientos en materia de seguridad social.
En consecuencia, anunció de manera contundente el inicio formal de una agresiva vía judicial mediante el reclamo inmediato de una medida cautelar de máxima urgencia.
La mentira técnica de la Casa Rosada que colmó la paciencia bonaerense
A la salida del máximo tribunal judicial del país, un Kicillof visiblemente indignado expuso los motivos del colapso definitivo de la vía diplomática. Según reveló, el Gobierno nacional incumplió de forma flagrante la promesa asumida en la audiencia previa, donde se había comprometido de manera explícita a presentar una propuesta concreta de adelantos financieros. Dichos fondos estaban destinados a cubrir de manera parcial el asfixiante déficit de la caja previsional bonaerense, permitiendo la continuidad de las respectivas auditorías y cruces técnicos obligatorios.
“El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente recurrieron a la excusa de que todavía tenían que realizar una serie de supuestos trabajos técnicos. En base a este desplante evidente, dimos por terminada de manera definitiva esta etapa estéril de conciliación y decidimos avanzar con toda la fuerza por la vía cautelar”, sentenció de forma tajante el mandatario provincial.
Una cifra escalofriante de billones de pesos retenida ilegalmente
La batalla de fondo no es meramente institucional, sino puramente de supervivencia financiera. El reclamo de la administración de Buenos Aires asciende a una cifra verdaderamente escalofriante que supera con creces los $2,3 billones. Esta colosal suma de dinero corresponde a transferencias previsionales adeudadas directamente por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El gobernador denunció penal y políticamente que, desde el primer día del desembarco de la gestión de Javier Milei en el Ejecutivo central, se ejecutó una interrupción total y discrecional de las partidas previstas por la normativa nacional vigente. Estas transferencias tienen como fin legal compensar los déficits estructurales de las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la órbita nacional, dejando totalmente desprotegidos y vulnerados a millones de jubilados y jubiladas de la provincia de Buenos Aires.
Discriminación política y el falso mito del superávit de Milei
Durante una masiva e intensa conferencia de prensa, Kicillof no escatimó en duros calificativos para describir la estrategia económica del Palacio de Hacienda nacional. El gobernador denunció una alevosa discriminación política hacia el territorio bonaerense, revelando de forma explosiva que otras jurisdicciones provinciales afines al oficialismo nacional ya han recibido adelantos financieros, mientras que Buenos Aires sigue siendo bloqueada sistemáticamente.
“Si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido los fondos correspondientes, siguen incumpliendo deliberada y exclusivamente con la provincia de Buenos Aires. Así es exactamente como construyen su mentado superávit: no pagándole el dinero que les corresponde a los jubilados, asfixiando económicamente a las universidades públicas y vaciando las arcas de las provincias”, fustigó Kicillof con extrema dureza.
Para dimensionar la catástrofe económica general impuesta, detalló que el agujero total de recursos que la Provincia dejó de percibir por deudas acumuladas y el impacto feroz de la recesión nacional supera la desorbitante cifra de $22 billones. “No estamos hablando bajo ningún concepto de números pequeños: esa montaña de dinero equivale de forma directa a la mitad del presupuesto anual completo de nuestra provincia”, advirtió.
Guerra total en la Corte Suprema y la comitiva oficial
Pese a que la Corte Suprema impulsó exhaustivamente las instancias de diálogo debido a que la Provincia estuvo más de dos años sin recibir una sola respuesta oficial de la Nación, la paciencia se terminó. Kicillof aclaró que, aunque no se frenará por completo el intercambio administrativo de información técnica entre las partes en litigio, la estrategia bonaerense ahora se concentrará al 100% en lograr que los jueces del máximo tribunal dicten la medida cautelar que obligue a Milei a abrir los grifos del dinero retenido.
Muestra inequívoca de la seriedad y el peso de la ofensiva fue el mega equipo de funcionarios de primera línea que escoltó al gobernador en la audiencia judicial. Estuvieron presentes de manera activa el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la combativa presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti.