La Justicia avanza en la investigación patrimonial contra Manuel Adorni.
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encamina hacia una etapa decisiva en los tribunales federales de Comodoro Py. La investigación, que se desarrolla en dos frentes, se centra en determinar si existe correspondencia entre el patrimonio declarado por el funcionario y su capacidad económica real, además de analizar posibles irregularidades en contrataciones públicas que involucran a personas de su entorno.
Análisis patrimonial y el foco en criptomonedas
El fiscal federal Gerardo Pollicita espera la conclusión de un exhaustivo estudio patrimonial a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El informe técnico, considerado una pieza fundamental para la causa, analiza movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias, adquisición de vehículos y gastos personales de Adorni.
Uno de los aspectos más complejos y sensibles de la investigación es el rastreo de activos digitales. Los peritos judiciales trabajan sobre la hipótesis de posibles operaciones con criptomonedas gestionadas de manera indirecta o a través de terceros, un frente que ha cobrado prioridad debido a la creciente sofisticación de este tipo de activos en las investigaciones financieras. Una vez finalizado el análisis, se estima que la fiscalía podría solicitar formalmente al juez Ariel Lijo un requerimiento para que el funcionario justifique el origen de sus fondos.
El viaje a Punta del Este y las contrataciones públicas
En paralelo, la Justicia profundiza en el viaje realizado por Adorni a Uruguay en febrero pasado junto al periodista y empresario Marcelo Grandio. La investigación intenta determinar si existe una relación causal entre los beneficios recibidos por el funcionario y las contrataciones obtenidas por la productora ImHouse en medios públicos. Los investigadores buscan establecer si el traslado en avión privado, cuyo costo habría sido cubierto por Grandio, constituyó una actividad privada o una posible contraprestación indebida vinculada a negocios con el Estado, dado que hasta el momento no se han presentado comprobantes que acrediten el pago correspondiente por parte del jefe de Gabinete.
La espera por el informe de la DAJuDeCO y el impacto político
El juez Lijo aguarda además un informe clave de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que analiza comunicaciones telefónicas para reconstruir el circuito de decisiones detrás de las contrataciones bajo sospecha.
Este escenario configura una presión institucional creciente sobre el Gobierno nacional, dado el rol estratégico de Adorni como una de las figuras más visibles del oficialismo. Si bien no existe una imputación firme ni procesamiento hasta la fecha, las próximas semanas serán determinantes: si las explicaciones patrimoniales y documentales no logran despejar las sospechas, el expediente podría avanzar hacia citaciones a declaración indagatoria, marcando un punto de inflexión en la causa.