La escandalosa investigación penal que mantiene en vilo al poder del fútbol argentino sumó un nuevo y frenético capítulo en los tribunales federales.
En medio de un laberinto de recusaciones y planteos de incompetencia, la Justicia volvió a abrir el debate para definir qué magistrado se quedará finalmente con la brasa caliente de investigar la multimillonaria compra de una chacra VIP en la localidad bonaerense de Pilar, un expediente que ya pasó por las manos de cuatro jueces distintos.
Guerra de jurisdicciones: la apelación de los presuntos testaferros
El conflicto escaló luego de que la Cámara Federal de Casación Penal aceptara tratar un recurso de apelación interpuesto por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Ambos figuran en los papeles como los dueños formales de la fastuosa propiedad a través de la firma «Real Central SA», aunque los investigadores sospechan que actúan como testaferros del verdadero beneficiario: Pablo Toviggino, el actual e influyente tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El tribunal de alzada fijó una audiencia clave para el próximo 12 de agosto a las 11:30 horas. Durante la jornada se escucharán los argumentos de la defensa de los imputados y la posición del fiscal general de Casación, Mario Villar. Con esta jugada, madre e hijo buscan voltear el fallo de la Cámara en lo Penal Económico que hace un mes radicó la causa en el juzgado número 10 de ese fuero, actualmente subrogado por la jueza Verónica Straccia. La defensa exige que el expediente sea devuelto de inmediato al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Helipuerto, bolsos con nombres y un botín de 54 autos de colección
La propiedad en la mira de la Justicia penal es una imponente mansión de 105 mil metros cuadrados ubicada en Pilar. El predio cuenta con un helipuerto propio y un hangar gigantesco en cuyo interior se descubrió una colección privada de 54 autos de lujo y colección. Ni Pantano ni su madre cuentan con la capacidad económica declarada ante el fisco para justificar semejante adquisición millonaria, lo que desató las sospechas de lavado de activos y desvío de fondos.
El expediente judicial ya acumula un frondoso recorrido. En los inicios de la investigación, el juez federal Daniel Rafecas encabezó un allanamiento en el lugar donde, además de confiscar la impresionante flota de vehículos, los efectivos encontraron un bolso rotulado con el nombre de Pablo Toviggino y una plaqueta oficial del club Barracas Central en la que se le expresaba un agradecimiento formal. Posteriormente, el caso pasó al fuero Penal Económico bajo la tutela del juez Marcelo Aguinsky, quien formalizó la hipótesis criminal de que la fastuosa mansión pudo haber sido financiada con fondos pertenecientes a las arcas de la propia AFA. El próximo 12 de agosto, la Justicia comenzará a definir el destino final de una causa que amenaza con golpear las puertas de la calle Viamonte.