La Cámara de Diputados de la Nación fue sede de una nueva reunión de trabajo orientada a coordinar las tareas de asistencia humanitaria y el esquema de acompañamiento para damnificados en la República Bolivariana de Venezuela.
Las deliberaciones estuvieron encabezadas por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, quien ejerce la presidencia del Grupo Parlamentario de Amistad con el país caribeño.
Coordinación de asistencia humanitaria y despliegue civil
La mesa sectorial, denominada oficialmente «Encuentro en el marco de la asistencia humanitaria a la comunidad venezolana», constituyó la segunda jornada de articulación institucional desde la emergencia. Del cónclave formaron parte la funcionaria de la Cancillería argentina, Cecilia Los Arcos, legisladores nacionales de diversas bancadas partidarias, referentes de la comunidad de residentes en Argentina como Adriana Flores y Elisa Trotta Gamus, y representantes de más de 30 organizaciones de la sociedad civil.
Durante la apertura de la sesión en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, la diputada Silvana Giudici ratificó la postura geopolítica del Poder Ejecutivo: “La Argentina se encuentra a disposición, como el primer día, para colaborar con la ayuda humanitaria destinada al pueblo venezolano”.
El bloque de legisladores nacionales presentes en el recinto estuvo integrado por Karen Reichardt, Gabriela Flores, Maximiliano Ferraro, Sabrina Ajmechet, Cecilia Ibáñez y Karina Banfi. En el transcurso del debate, Giudici renovó formalmente el reclamo internacional por la inmediata liberación del abogado argentino Germán Giuliani, quien permanece privado de su libertad en territorio venezolano desde mayo de 2025.
Alcance del desastre natural y respuesta del Gobierno
El despliegue de las misiones de asistencia responde al estado de emergencia nacional decretado en la región del centro-norte de Venezuela, tras registrarse dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 el pasado 24 de junio. Los movimientos telúricos, con epicentro geográfico en el estado de Yaracuy, generaron la destrucción de núcleos habitacionales y obras de infraestructura pública, concentrando su mayor impacto en el estado de La Guaira, territorio formalmente declarado como zona de desastre. El saldo provisorio reportado por las autoridades sanitarias locales asciende a miles de víctimas fatales, más de 20.000 ciudadanos heridos y múltiples reportes de personas desaparecidas.
La respuesta operativa de la administración central de la República Argentina, articulada de forma conjunta por el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, contempla el envío de contingentes de brigadistas especializados en tareas de búsqueda y rescate, la remisión de insumos hospitalarios y el despliegue de una comitiva consular de asistencia tras registrarse ciudadanos argentinos afectados en las áreas del siniestro.