El Gobierno nacional optó por bajar el tono a la interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel para preservar la actividad legislativa.
Pese a la escalada de tensiones políticas y las declaraciones cruzadas que marcaron los últimos días en la cúpula del poder, el Gobierno nacional decidió bajarle el tono a la confrontación con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde la Casa Rosada aseguran que no impulsarán acciones institucionales formales para desplazarla de su cargo y remarcan que el objetivo principal es preservar el normal funcionamiento parlamentario en la Cámara alta.
Calman las aguas tras el pedido de renuncia
El cortocircuito político se había intensificado luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, manifestara públicamente que la titular del Senado debería «dar un paso al costado» tras sus críticas públicas hacia el presidente Javier Milei. Sin embargo, desde Balcarce 50 aclararon de inmediato que el planteo no formó parte de una estrategia coordinada ni de una ofensiva sistemática para forzar su salida.
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«No está en el ADN de Diego llegar con alguien y querer tumbarlo desde adentro. Respondió lo que cree», explicaron desde el entorno del ministro coordinador, desvinculando la postura de un plan premeditado por el Ejecutivo.
En la misma línea, funcionarios de primera línea insistieron en que, más allá de la convicción interna de que la vicepresidenta transita un camino de diferenciación con vistas a un armado político propio, el Gobierno da por descontado que Villarruel completará su mandato al frente de la Cámara alta: «No se va a ir», sintetizaron.
Prioridad absoluta: la agenda parlamentaria del segundo semestre
La decisión táctica de evitar un punto de no retorno con la vicepresidencia responde a la necesidad imperiosa del oficialismo de blindar su hoja de ruta legislativa. Tras meses de tensiones acumuladas desde el armado electoral de 2023 y la disputa por áreas clave como Seguridad y Defensa, el Ejecutivo reconoce que no puede darse el lujo de sumar un nuevo foco de parálisis institucional en el Congreso.
Para el corriente mes de agosto, La Libertad Avanza proyecta sesiones todos los jueves con el firme propósito de destrabar paquetes normativos considerados estratégicos para la gestión:
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El tratamiento del régimen de propiedad privada.
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Iniciativas vinculadas al programa de desregulación y la llamada ley «Hojarasca».
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Modificaciones a la Ley de Salud Mental.
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La revisión del sistema de Etiquetado Frontal, además de la discusión en torno a pliegos judiciales pendientes.
En paralelo, los puentes de diálogo institucional comenzaron a reacondicionarse. Movimientos recientes, como los encuentros impulsados por la jefa del bloque oficialista con la propia Villarruel, buscan descomprimir los roces cotidianos y garantizar los acuerdos necesarios con los bloques dialoguistas y los gobernadores provinciales, en un Senado que continuará perfilándose como el escenario legislativo más complejo para el oficialismo.