Impugnación al acuerdo con YPF: Heredia advierte que el Estado no puede «hacer cualquier cosa».
El constitucionalista Raúl Heredia, referente del grupo de nueve ciudadanos que este lunes presentó una impugnación administrativa contra el acuerdo entre el Gobierno de Chubut e YPF, defendió la medida y anticipó que, en caso de no obtener respuestas favorables de la Fiscalía de Estado, el siguiente paso será una demanda judicial directa contra la petrolera.
Para Heredia, el convenio no solo es cuestionable en su forma, sino que vulnera principios fundamentales de la Constitución provincial. El objetivo principal de la presentación es, en primera instancia, otorgarle al Estado una oportunidad para que ejerza el control de legalidad y se «autocorrija» ante lo que calificó como un «desvío de poder».
Los ejes centrales de la impugnación
El planteo se basa en dos pilares críticos que ponen en duda la legitimidad del traspaso de activos y la liberación de pasivos ambientales:
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La inoponibilidad de la cláusula de indemnidad: Heredia fue enfático al señalar que el acuerdo suscrito por el Ejecutivo provincial y ratificado por la Legislatura no puede estar por encima de los derechos de los habitantes. Según explicó, la «liberación» de responsabilidad otorgada a YPF es inoponible frente a los ciudadanos; es decir, aunque Provincia e YPF acuerden eximir a la empresa, cualquier habitante afectado podría demandar directamente a la petrolera bajo el principio rector del derecho ambiental: «quien contamina, paga».
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Ausencia de sustento técnico: Heredia cuestionó severamente los 25 millones de dólares fijados como compensación ambiental. El abogado sostuvo que dicha cifra carece de un estudio científico, objetivo e independiente que la respalde, calificándola como una suma fijada «a la marchanta». Para el constitucionalista, el reconocimiento explícito del daño ambiental en el propio convenio obliga a una cuantificación rigurosa, no a un cierre definitivo de la discusión mediante un pago arbitrario.
Un reclamo con legitimación amplia
El grupo impulsor de la medida aclaró que su presentación no responde a intereses partidarios ni organizaciones políticas, sino a la actuación de ciudadanos —varios con trayectoria académica— que buscan defender las normas provinciales.
«No nos presentamos como abogados, sino como habitantes de la provincia. Muchos participamos durante décadas en la construcción institucional de Chubut y entendemos que también tenemos el deber de defender esas normas», señaló Heredia.
Aunque el constitucionalista admitió que las expectativas de una reacción favorable por parte de la Fiscalía de Estado —a cargo de Andrés Meiszner— son reducidas, subrayó la importancia de agotar las instancias legales. En caso de que el Gobierno mantenga su postura, el camino judicial está garantizado: Heredia adelantó que la causa permitirá una legitimación amplia, facilitando que cualquier ciudadano que se sienta afectado pueda adherir al planteo en defensa de los intereses colectivos y ambientales.