Abogados impugnaron el acuerdo Chubut-YPF denunciando que la cláusula de indemnidad ambiental es inconstitucional y traslada riesgos económicos al Estado.
El convenio alcanzado entre el Gobierno de Chubut e YPF, ratificado recientemente por la Legislatura provincial, se encamina hacia una batalla judicial de alto impacto. Un grupo de abogados constitucionalistas, encabezado por Raúl Heredia, Gastón Acevedo y Alfredo Pérez Galimberti, presentó una impugnación formal ante la Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo para frenar la aplicación del acuerdo, bajo el argumento de que la cláusula de «liberación de responsabilidad» ambiental es inconstitucional y lesiva para los intereses de la provincia.
El foco del conflicto: la cláusula de indemnidad
El núcleo del planteo jurídico sostiene que el Estado provincial no posee facultades para eximir a YPF de responsabilidades sobre pasivos ambientales históricos. Los denunciantes aseguran que este tipo de obligaciones son de orden público, por lo cual la provincia no tiene potestad para renunciar a ellas mediante una transacción comercial, especialmente mientras los daños ambientales persistan sin remediación.
«El convenio establece una liberación absoluta de responsabilidad para YPF por pasivos ambientales pasados, lo cual contradice principios fundamentales de la Ley General del Ambiente y la legislación provincial vigente», sostienen los letrados en la presentación.
Cuestionamientos al «perdonazo» y la desproporción económica
Además de la cuestión ambiental, el escrito incluye críticas severas sobre los alcances económicos y políticos del pacto:
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El «perdonazo» a Restinga Alí: Los abogados denuncian un «contrabando legislativo», ya que el convenio incorpora este yacimiento —cuya reversión ya había sido tratada— dentro de la cláusula de indemnidad general, lo que, a su entender, vulnera el principio de no regresión ambiental.
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Desproporción financiera: Comparan el acuerdo de Chubut (US$ 25 millones por 2.000 a 3.000 pozos) con el logrado por la provincia de Santa Cruz (US$ 335 millones por 1.200 pozos), sugiriendo que la cifra acordada por Chubut es ínfima frente a la magnitud del pasivo real.
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Uso de los fondos: Cuestionan que la compensación económica sea destinada a infraestructura, salud y educación, en lugar de afectarse exclusivamente a la recomposición ambiental, tal como exige el principio de internalización de costos.
Riesgos para el Estado y renuncia a la soberanía judicial
La impugnación advierte que, si el acuerdo se mantiene, el riesgo económico se traslada directamente al Estado provincial. Según los firmantes, si las empresas que asumen las áreas concesionadas llegaran a quebrar o incumplir sus planes, la descontaminación deberá ser financiada con fondos públicos de los ciudadanos chubutenses.
Finalmente, el escrito critica la decisión de fijar a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires como jurisdicción competente para resolver futuras controversias, calificando esta medida como una «renuncia a la soberanía judicial» que desplaza a los jueces naturales de Chubut en conflictos que ocurren íntegramente dentro del territorio provincial.
Esta presentación administrativa es la antesala de una demanda judicial que promete cuestionar si el Estado tiene, efectivamente, la facultad de negociar pasivos ambientales que, según los denunciantes, son jurídicamente irrenunciables.
Cholila Online