El presidente de Conarpesa lanzó duras críticas contra la jueza Testino y el abogado Zapata por la parálisis del buque «Barreiro». Además, confirmó una presentación ante el Consejo de la Magistratura, defendió la acusación penal por la toma de oficinas y reveló que un grupo de cesanteados rechaza volver a trabajar.
En una extensa entrevista radial, Fernando Álvarez Castellano, titular de la firma pesquera Conarpesa, realizó un pormenorizado descargo sobre los múltiples frentes judiciales y gremiales que enfrenta la compañía. Con fuertes críticas dirigidas a operadores del Poder Judicial y a sectores sindicales, el empresario detalló el severo impacto financiero que provocan las medidas cautelares, el estado de las causas penales y la situación del personal despedido.
La parálisis del buque Barreiro y la denuncia al Consejo de la Magistratura
El eje central del reclamo empresarial gira en torno a la interdicción de salida que pesa sobre el buque pesquero «Barreiro». Según explicó Álvarez, la empresa cumplió con el depósito judicial requerido hace tres semanas para destrabar la medida cautelar; sin embargo, el barco continúa amarrado sin poder zarpar.
El empresario dirigió sus críticas a la jueza Marcela Testino, a quien acusó de haber redactado el oficio para levantar la interdicción tras advertir un error procesal —haber dado un traslado sin esperar la contestación— pero retirarse y excusarse formalmente de la causa sin dejarlo firmado. Según relató, la jueza subrogante posterior cuestionó los fundamentos de dicha excusación, argumentando que los dichos mediáticos de una persona física hacia un juez no justifican apartarse de una causa donde se juzga a una persona jurídica.
En sus declaraciones, Álvarez también apuntó contra el abogado Zapata, sosteniendo que carece de «autoridad moral» y señalando que, pese a las advertencias públicas de iniciarle querellas, nunca las concretó. Asimismo, trazó paralelismos entre el accionar judicial actual y lo ocurrido en el pasado con otras empresas pesqueras, como la firma Harengus/Autulich.
Ante lo que calificó como una maniobra arbitraria y burocrática, el titular de la pesquera confirmó que instruyó la presentación de una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura para que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas en perjuicio de la empresa y de sus trabajadores.
Pérdidas económicas millonarias por la inactividad
Álvarez remarcó que las dilaciones procesales no solo afectan la rentabilidad de la firma, sino que impactan de manera directa sobre la cadena productiva y los ingresos de los operarios:
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Planta de procesamiento: Se estima una pérdida diaria que ronda los $100.000 pesos por la falta de materia prima procesable procedente de la embarcación.
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Tripulación y marineros: Los trabajadores del barco dejan de percibir aproximadamente $1,5 millones de pesos por cada día que el buque permanece inactivo en muelle.
Toma de las oficinas administrativas: «Fue usurpación, no huelga»
Otro de los puntos abordados fue la audiencia judicial relacionada con la toma de las instalaciones de Conarpesa. El conflicto se originó a raíz de un dictamen previo de un colaborador o ayudante fiscal que catalogó el episodio como una medida de acción gremial (huelga) y no como un delito penal.
El titular de Conarpesa depositó sus expectativas en el criterio del juez de la causa, Daniel Yanguela, a quien reconoció por su trayectoria. Álvarez confía en que el magistrado delimitará con claridad los alcances de una medida de fuerza gremial frente a lo que considera una «usurpación y privación ilegtíma de la libertad».
Según remarcó, dentro de las oficinas se vivieron momentos de intimidación hacia el personal administrativo, incluyendo a una empleada embarazada de siete meses, al tiempo que ingresaron personas al grito de exigencias laborales mediante amenazas explícitas.
Conflicto laboral: 7 operarios rechazan volver y exigen indemnización
Finalmente, el empresario se refirió a las negociaciones mantenidas con el Gobierno y sindicatos para retrotraer despidos e incorporar nuevamente a 30 operarios que habían sido cesanteados tras los disturbios.
De los 30 trabajadores a los que se les ofreció la reincorporación formal, 7 manifestaron que no desean retomar sus tareas y exigieron que se les abone una indemnización por despido injustificado. Álvarez adelantó que enviará la nómina con las identidades de estas siete personas a las autoridades provinciales y municipales para dejar constancia de su negativa a trabajar, agregando que esos puestos vacantes serán asignados a postulantes que realmente necesiten el empleo.
Concluyó señalando la necesidad de coordinar criterios entre distintas plantas pesqueras para registrar a aquellos trabajadores que buscan generar despidos intencionados con fines indemnizatorios.