Un clima de extrema tensión y fuertes cruces cruzó el Congreso de la Nación tras encenderse una grave advertencia sobre el futuro de miles de familias.
Durante un plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados, la oposición lanzó duras críticas contra el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Los legisladores denunciaron que la propuesta oficial busca derogar artículos centrales de la vigente Ley de Emergencia en Discapacidad, desmantelando el sistema de derechos del sector. Tras cumplir el emplazamiento votado en el recinto, las comisiones acordaron reanudar la labor el próximo miércoles al mediodía para firmar los dictámenes correspondientes.
Alertan por recortes, pérdida de pensiones y la quiebra de prestadores
El debate comenzó con una alarmante intervención del diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria), vicepresidente de la comisión de Discapacidad. El proyecto presupuestario ataca directamente el «estudio de costos» indispensable para los prestadores. Marino ejemplificó que los transportistas cobran actualmente un arancel de 900 pesos por kilómetro recorrido, cuando el costo operativo real para prestar el servicio es de 1600 pesos (un 80% más). Asimismo, denunció que la derogación propuesta termina con la compatibilidad entre tener un trabajo registrado (de hasta dos salarios mínimos) y cobrar una pensión no contributiva, regresando a un rígido esquema de invalidez laboral donde el acceso a un empleo en blanco formal significa la inmediata quita del beneficio.
La oposición alertó también sobre otros dos puntos críticos planteados por la gestión nacional:
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Eliminación del Nomenclador Único: Se destruye la homogeneidad arancelaria nacional, obligando a cada terapeuta o profesional a negociar sus honorarios de forma individual frente a cada obra social o prepaga en condiciones de total asimetría.
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Fin de la actualización automática: Se cancela el ajuste mensual por inflación para dar paso a un esquema trimestral que quedará sujeto a la discrecionalidad de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).
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Falta de compensaciones: El proyecto no contempla el pago de las deudas acumuladas y compensaciones que el Estado nacional mantiene con los prestadores.
Desde la oposición coincidieron en que el resultado directo será la fragmentación del sistema, dejando a las personas con discapacidad sin transporte, centros de día, educación ni terapias. A las críticas se sumaron voces como la de Eduardo Valdés, quien afirmó que el Gobierno rompió toda hipótesis de solución; Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), que sostuvo que el texto «sentencia a la desaparición de los derechos»; y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), quien acusó a la Casa Rosada de buscar el equilibrio fiscal «a costa de la gente». Por su parte, Romina del Plá expuso una situación «desesperante» al remarcar que hay 90 mil solicitudes de pensiones en espera y solo se han resuelto 10 mil, dejando a 80 mil personas en el limbo.
La respuesta oficialista y el cruce por las cifras del presupuesto
En contraposición a las denuncias de la oposición, la diputada oficialista Silvana Giudici (La Libertad Avanza) rechazó enérgicamente los cuestionamientos y negó rotundamente que la ejecución presupuestaria del sector se encuentre en apenas un 15%. La legisladora libertaria defendió la nueva reglamentación impulsada desde el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) —organismo integrado por el secretario del área y los ministros de Salud de todas las provincias— al asegurar que fue diseñada «a favor de los derechos de las personas con discapacidad».
En su argumentación, Giudici remarcó que desde la SENADIS se han tramitado y abonado con normalidad más de 150 mil pensiones no contributivas en todo el país. Asimismo, manifestó la firme intención del bloque de La Libertad Avanza de trabajar en la comisión para redactar y alcanzar un dictamen superador que elimine el estigma de la «emergencia» y transforme de manera permanente los beneficios para todo el colectivo.