El fondo de litigios Burford Capital inició un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en nombre de las sociedades Petersen.
La acción responde al fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que dejó sin efecto la condena de más de USD 16.100 millones contra la República Argentina.
El litigio internacional por la estatización de YPF sumó un nuevo capítulo procesal. Burford Capital, la firma que financia las demandas contra la Argentina por la expropiación realizada en 2012, acudió al Ciadi —organismo con sede en Washington perteneciente al Grupo Banco Mundial— para abrir un proceso arbitral en representación de las firmas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.
La medida no constituye un recurso de apelación al fallo neoyorquino, sino la apertura de un expediente independiente amparado en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y España. A partir de esta presentación, se abre un plazo de 90 días para la conformación del tribunal arbitral, en un trámite que podría extenderse por varios años.
La respuesta de la Procuración y la situación de las demandas
La Procuración del Tesoro de la Nación fue notificada de la presentación y confirmó que la estrategia de defensa ya se encontraba prevista, dado que las intenciones del demandante eran de público conocimiento:
“La República defenderá su posición con la misma firmeza con la que lo hizo en el frente judicial. Vamos a seguir defendiendo los intereses del país en cada una de las instancias que se planteen”.
Por su parte, el exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler aclaró que el pedido ante el Ciadi corresponde exclusivamente a Petersen, cuyas firmas radicadas en España quebraron tras la expropiación y hoy son administradas por un síndico español.
Soler remarcó además que Burford no incluyó por el momento a la firma Eton Park —que representaba el 11% del reclamo en EE. UU.—, una diferencia que respondería a los distintos marcos normativos entre los acuerdos bilaterales de inversión firmados con España y con Estados Unidos.
Plazos, confidencialidad y la opción de la Corte Suprema
Desde el punto de vista procesal, la jueza Loretta Preska ya había autorizado en mayo que los demandantes utilizaran en un eventual arbitraje la documentación obtenida durante el juicio de Nueva York. No obstante, en caso de un laudo adverso en Washington, la ejecución del cobro no es automática y requeriría instancias de reconocimiento judicial posterior en distintas jurisdicciones.
En paralelo al Ciadi, Burford conserva abierta la vía judicial norteamericana. El fondo tiene plazo hasta fines de septiembre para solicitar que la Corte Suprema de los Estados Unidos revise la decisión del Segundo Circuito que anuló la sentencia de primera instancia.
De este modo, Burford sostiene una estrategia doble: la eventual apelación ante el máximo tribunal estadounidense y la demanda arbitral recién iniciada en el Ciadi.