El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, obtuvo el aval del Juzgado Penal Económico N° 10 para salir del país y asistir a una cumbre dirigencial en la sede de la CONMEBOL, ubicada en Luque, Paraguay.
La habilitación expedita fue concedida este miércoles por el juez Diego Amarante, previo depósito bancario de una caución real fijada en 30 millones de pesos.
El permiso otorgado habilita el traslado de ida y vuelta de Tapia entre este miércoles y el próximo viernes. Cabe recordar que el dirigente se encuentra procesado y rige sobre él una restricción de salida del territorio nacional, medida cautelar que lo obliga a solicitar autorización judicial previa ante cada viaje internacional, tal como ocurrió durante la última cita mundialista.
Trámite de urgencia y pedido de la CONMEBOL
La presentación de la defensa ante el fuero Penal Económico se formalizó a última hora y con carácter de urgencia. Según los escritos elevados al magistrado, el presidente de la AFA contaba con una invitación cursada el pasado 18 de septiembre, pero no planeaba asistir al cónclave de clubes en territorio paraguayo. Sin embargo, revirtió su decisión ante las reiteradas gestiones e insistencia de las máximas autoridades de la entidad rectora del fútbol sudamericano.
En junio pasado, la Cámara en lo Penal Económico ratificó el procesamiento de Tapia y del tesorero del organismo, Pablo Toviggino, en el marco de la investigación por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La causa por retención indebida de aportes por $19.000 millones
El expediente judicial tuvo su origen a fines de marzo con las resoluciones dictadas por el juez Diego Amarante contra la cúpula directiva de la AFA. La nómina de procesados incluye a Tapia, Toviggino, al exsecretario general Víctor Blanco, al actual secretario general Cristian Malaspina y al gerente general Gustavo Lorenzo, además de involucrar institucionalmente a la propia AFA.
La hipótesis del Ministerio Público y de la instrucción sostiene que la entidad retuvo tributos y contribuciones previsionales por una suma superior a los $19.000 millones sin efectuar los depósitos correspondientes en los plazos legales establecidos.
Las maniobras investigadas abarcan la omisión de depósito de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Ganancias y aportes al Sistema Único de la Seguridad Social durante diversos períodos correspondientes a los años 2024 y 2025.
Para el magistrado Amarante, los acusados «pusieron en práctica un evidente plan» destinado a diferir los pagos fiscales para financiarse indebidamente. Bajo este argumento, atribuyó la presunta comisión del delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con la apropiación de recursos de la seguridad social en 17 hechos, disponiendo paralelamente embargos por $350 millones sobre el patrimonio de los directivos.