La embarcación contratada por la administración colonial de las Islas Malvinas opera en el límite de las 200 millas mientras la Argentina refuerza el control del Guardacostas y escala el reclamo soberano en las Naciones Unidas.
El patrullero británico Lilibet fue detectado navegando en las inmediaciones de Puerto Deseado, en la confluencia estratégica donde limitan la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), el área marítima en litigio en torno a las Islas Malvinas y las aguas internacionales. La embarcación, de 50,02 metros de eslora y con pabellón del Reino Unido, cumple funciones de fiscalización pesquera contratada directamente por la administración británica de las islas para supervisar las operaciones de los arrastreros españoles que utilizan como base logística el puerto de Montevideo.
Un millonario negocio pesquero que financia a la administración colonial
El despliegue de la nave británica responde a la necesidad de controlar a la flota extranjera que opera bajo licencias pesqueras unilaterales otorgadas ilegalmente por la ocupación británica en Malvinas. Para el año 2026, la administración colonial proyectó ingresos netos por £16,8 millones únicamente mediante la venta de permisos a 107 buques poteros para la captura del calamar Illex argentinus.
En paralelo, la pesquería del calamar Loligo —explotada predominantemente por sociedades pesqueras asociadas a capitales de Galicia, España— moviliza a otros 16 grandes arrastreros mediante concesiones de largo plazo. En conjunto, la actividad pesquera aporta cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del archipiélago.
La respuesta argentina: patrullaje del Guardacostas y multas récord
Frente al avance ilegal en la milla 201, la República Argentina intensificó la vigilancia sobre la demarcación de las 200 millas marinas a través del Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina. La plataforma evalúa en tiempo real los patrones de rumbo, velocidad y posición de las embarcaciones para detectar e interceder ante incursiones no autorizadas.
Gracias a este esquema de monitoreo continuo, durante 2026 el Estado nacional logró recaudar más de $5.381 millones en concepto de compensaciones y multas tras penalizar a cuatro buques de bandera extranjera:
-
Hai Xiang 2
-
Bao Feng
-
Bao Win
-
Coimbra
Conflicto por el yacimiento Sea Lion y respuesta legislativa
La tensión pesquera coincide con la intención británica de avanzar en la fase hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte, puntualmente en el yacimiento Sea Lion, desarrollado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La reciente prórroga por cinco años de las licencias petroleras ilegales y la autorización para ceder el 65% del bloque adyacente PL001 desencadenaron un enérgico repudio de la Cancillería argentina a cargo de Pablo Quirno. Como contrapartida, el Poder Ejecutivo elevó al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el cual contempla sanciones administrativas severas y penas de hasta 20 años de cárcel para empresas o contratistas que participen de la actividad sin aval de la Casa Rosada.
Tensión diplomática en la Asamblea General de la ONU
La disputa territorial alcanzó además una inédita repercusión en la diplomacia multilateral durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
En un hecho sin antecedentes recientes, el primer ministro británico Andy Burnham introdujo explícitamente la defensa del estatus de las islas en su alocución ante la ONU, tras abordar el tema en un encuentro bilateral previo con el presidente estadounidense Donald Trump.
Ante la postura de Londres sustentada en el principio de autodeterminación, el presidente argentino Javier Milei reafirmará ante el plenario internacional los derechos imprescriptibles e inalienables de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, con respaldo en la Resolución 2065 de la ONU y las sucesivas declaraciones del Comité Especial de Descolonización.