El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que analizó las «consecuencias económicas» derivadas de las acciones legales emprendidas por la República Argentina para paralizar un proyecto hidrocarburífero anglo-israelí en la cuenca de las Islas Malvinas.
La consulta al máximo nivel diplomático se produjo luego de que el gobierno encabezado por Javier Milei presentara una demanda formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para frenar el desarrollo del yacimiento Sea Lion, llevado adelante por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
«El primer ministro planteó el impacto de las medidas coercitivas impulsadas por la Argentina y ratificó la postura británica sobre el derecho inalienable de los habitantes del archipiélago a explotar sus recursos naturales», indicaron desde Downing Street tras la llamada.
Tensión diplomática, recursos naturales y el fuero internacional
La disputa por el proyecto Sea Lion sumó así un nuevo capítulo en la agenda internacional y geopolítica del Atlántico Sur:
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Fundamento de la demanda argentina: Desde la Casa Rosada fundamentaron la presentación ante el TIDM sosteniendo que las tareas de prospección unilateral violan las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que exigen abstenerse de modificar el estatus quo mientras persista la controversia de soberanía.
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Postura del gobierno argentino: El presidente Milei calificó la explotación petrolera sin autorización de Buenos Aires como un «saqueo ilegal» y respaldó iniciativas legislativas para endurecer las sanciones comerciales e industriales contra empresas involucradas en actividades no autorizadas.
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Posicionamiento de la Casa Blanca: La llamada entre Burnham y Trump se da en un contexto de expectativa regional, luego de que la administración estadounidense sugiriera en las últimas semanas una revisión de la postura histórica de Washington respecto a la disputa en el Atlántico Sur.
Desde el gobierno británico ratificaron que la administración del archipiélago continuará bajo control del Reino Unido, defendiendo el derecho de la población local a determinar el uso de sus recursos de hidrocarburos.