El Ministerio Público agravó la situación procesal del exmandatario, quien permanece detenido bajo prisión preventiva. La acusación también alcanza a exautoridades del Banco Central del Paraguay, señaladas por integrar una presunta red jerárquica dentro del Estado para favorecer al Grupo Vázquez.
La Fiscalía de Paraguay amplió este viernes la imputación contra el expresidente Santiago Peña, sumando el presunto delito de asociación criminal en el marco de la causa por el colapso de Ueno Bank. Este nuevo cargo se agrega a los procesos ya abiertos por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, hechos por los cuales el exjefe de Estado cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.
De acuerdo con reportes de medios locales como ABC y Última Hora, la ampliación acusatoria también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding —ya procesado por lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio—, y al superintendente de Bancos del BCP, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, imputado previamente por lesión de confianza grave.
En paralelo, el Ministerio Público formalizó imputaciones dentro del mismo expediente contra los exdirectivos del ente regulador Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González, quienes fueron detenidos durante la mañana de este viernes.
Señalan a Santiago Peña como “jefe de una estructura” estatal
Según el escrito fiscal, los implicados habrían conformado una organización jerárquica inserta en el aparato público con el objetivo permanente de subordinar el sistema financiero y los organismos de contralor a los intereses particulares del Grupo Vázquez / Ueno Bank.
«Para ello, Santiago Peña Palacios habría ubicado y mantenido estratégicamente en los puestos de decisión a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos: Carvallo Spalding (expresidente de Financiera Ueno) en la presidencia del BCP; Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos; y Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González como miembros del Directorio del ente regulador», detalla el documento de imputación.
Reuniones clandestinas y blindaje operativo
Los investigadores sostienen que la red funcionó bajo una división precisa de roles en la que cada funcionario instrumentalizó su cargo público para asegurar el blindaje legal, la continuidad operativa irregular y la impunidad del conglomerado financiero.
En ese esquema, la Fiscalía sindica directamente a Peña como «jefe de la estructura», precisando que habría operado desde la Presidencia de la República mediante reuniones clandestinas periódicas en la residencia oficial de Mburuvicha Róga junto a Miguel Vázquez, titular de Ueno Bank, para coordinar los requerimientos de la entidad. Asimismo, el expediente sostiene que el exmandatario impartió directivas institucionales para evitar intervenciones en el banco y frenó mediáticamente las alertas sobre su insolvencia.