En una audiencia de revisión realizada este sábado ante dos jueces de Esquel, el tribunal anuló la resolución previa «por arbitraria» y ordenó 60 días de detención para los hermanos Nicolás y Luciano Scarparo.
Durante la mañana de este sábado se concretó, bajo modalidad semipresencial y ante dos magistrados de Esquel, la audiencia de revisión impulsada por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa que investiga un hecho ocurrido el pasado 11 de noviembre, por el cual se encuentran imputados los hermanos Nicolás y Luciano Scarparo.
En la instancia judicial, el funcionario de fiscalía Franco Tavano solicitó que se revoque la libertad de los acusados —dispuesta originalmente por la jueza Borquez— y que se ordene su prisión preventiva. En contraposición, las abogadas defensoras particulares, Betania Daporta y Laura Soledad Carrizo, pidieron rechazar el planteo acusatorio, confirmar en todos sus términos la resolución anterior y, de manera subsidiaria, aplicar mayores medidas sustitutivas para sus asistidos.
Tras pasar a deliberar, el tribunal revisor integrado por videoconferencia por los jueces Jorge Criado y Ricardo Rolón resolvió revocar la medida de la magistrada de grado «por arbitraria» y dispuso la prisión preventiva de Nicolás y Luciano Scarparo por el plazo de 60 días.
Los fundamentos del tribunal y las facultades de la fiscalía
Al fundamentar su decisión, los jueces de revisión señalaron que la jueza interviniente asumió una competencia irregular al modificar la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal. En esa línea, remarcaron el límite institucional que rige en el sistema procesal:
“La Constitución de la provincia prohíbe a los jueces inmiscuirse en las facultades del fiscal; existen severas amonestaciones para los jueces que quieren hacer lo que hacen los fiscales”, sostuvieron los magistrados.
Asimismo, el tribunal enfatizó que entre las funciones exclusivas de la fiscalía se encuentran la investigación y la carga de la prueba, aclarando que el juez carece de esas atribuciones y que el único autorizado a formular una imputación es el fiscal.
Respecto al encuadre jurídico del expediente, Criado y Rolón concluyeron que la descripción fáctica del episodio del 11 de noviembre encuadra de manera precisa en la figura de «secuestro coactivo», calificando como «clarísima» la postura sostenida por la parte acusadora, y advirtieron que para resolver la medida cautelar resulta indispensable ponderar las características graves del hecho y la pena en expectativa como resultado del proceso.