Desde el gobierno nacional se analiza la posibilidad de avanzar con una nueva y última ronda de negociaciones con los acreedores, antes de presentar la propuesta definitiva en el marco del proceso de reestructuración de deuda.

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de avanzar con una nueva y última ronda de negociaciones con los acreedores, antes de presentar la propuesta definitiva en el marco del proceso de reestructuración de deuda que puso en marcha para canjear títulos emitidos bajo legislación internacional, por un monto estimado en alrededor de US$ 67.000 millones.

La decisión se tomó luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijera que la oferta argentina «sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad», señalaron a Télam fuentes vinculadas con las negociaciones, en referencia al análisis técnico realizado por el organismo respecto de la propuesta presentada a los acreedores en las últimas semanas de mayo pasado.

El resultado de la evaluación del equipo que lidera Martín Guzmán podrá implicar nuevamente la suscripción de acuerdos de confidencialidad entre las partes, para continuar negociando dentro el lapso que tiene como fecha tope el 12 de junio próximo.

«Aún no firmamos ningún acuerdo de confidencialidad en esta etapa pero es muy probable que se haga, para dar lugar a una nueva ronda de interacción con los acreedores antes de presentar la última oferta», indicaron a Télam las mismas fuentes.

En el Gobierno analizaron que el pronunciamiento del FMI tuvo un fuerte impacto entre los acreedores.

Antes de este respaldo del organismo a la oferta argentina, algunos de esos tenedores se quejaban de que el análisis de sustentabilidad dado a conocer por el FMI en marzo pasado no representaba un apoyo concreto a la propuesta inicial presentada por el Gobierno a los acreedores.

En esa oportunidad, el FMI dijo que la Argentina necesitaría un «alivio sustancial» para sanear la deuda, con una quita de entre US$ 50.000 y US$ 85.000 millones.

El fuerte respaldo del Fondo Monetario explicitado el lunes pasado despejó las dudas de esos acreedores, a la vez que dispuso al Gobierno argentino para avanzar con una nueva revisión de su propuesta, que sería «marginal» a la propuesta presentada en mayo.

De esta forma, el objetivo del Gobierno ahora es intentar mejorar la propuesta en base a la recomendación del FMI, que respaldó la oferta argentina y advirtió que existía un escaso margen para mejorarla.

El ministro Guzmán, en un comunicado de prensa difundido luego de que el organismo multilateral diera a conocer el informe técnico, dijo: «Tendremos en cuenta el comunicado que hizo el FMI a la hora de decidir las enmiendas finales».

Y subrayó que «el margen que queda para enmendar la oferta es escaso, el mismo FMI dijo que está ‘marginalmente debajo’ del límite que permitiría restaurar la sostenibilidad de la deuda, que es el mandato que también nos dio el Congreso de la Nación cuando se aprobó la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública bajo ley extranjera».

En un documento enviado a la SEC, el organismo de contralor bursátil en EEUU, el Gobierno argentino expresó que «a la luz del pronunciamiento del equipo técnico del FMI del 1 de junio de 2020, la República evalúa ajustes adicionales a la invitación (a los acreedores) que podrían ser introducidas con una visión en pos de maximizar los ingresos el inversor sin comprometer los objetivos de sustentabilidad de la deuda», al anunciar de extender el plazo hasta el 12 de junio próximo.

Entre esas mejoras marginales, el Gobierno analiza diferentes variantes para cada grupo de acreedores.

En el menú de opciones posibles se encuentran desde la inclusión de algún instrumento contingente, que se activaría según la evolución de la actividad económica del país, hasta la capitalización de intereses que no serían abonados.

La última oferta incluye un período de gracia de sólo dos años (cuando inicialmente se ofrecieron tres años), una quita en los intereses inferior al 62% propuesto inicialmente, y una quita de capital promedio del 5,4%.

Además del plazo de gracia, las mejoras que permitieron un acercamiento con los acreedores consistieron en un mínimo ajuste a la suba de los cupones, y la inclusión de algún título intermedio para que los inversores tengan una mayor variedad en la curva de vencimientos del país.

A mediados de semana, en declaraciones radiales, el representante ante el FMI, Sergio Chodos, se mostró optimista respecto de la evolución de las conversaciones.

«No soy pesimista, hay como un proceso de curvas que se van acercando lentamente. Creo que la Argentina podría mover un poquito más la última oferta», dijo el funcionario a la FM Rck & Pop.

Por el lado de los bonistas, en tono negociador, señalaron públicamente que sus propuestas se ajustan a lo requerido con el FMI, con «un alivio de alrededor de US$ 35.000 millones en bonos elegibles».

Esta posición fue hecha pública por el comité compuesto por dos grupos de acreedores: Ad Hoc Bondholder, representado por White & Case LLP, donde se encuentran algunos de los principales tenedores de bonos del país, como BlackRock, Ashmore Group y Fidelity Investments; y el grupo Exchange Bondholder, que incluye a Monarch Alternative Capital LP, HBK Capital Management y VR Capital Group, y Greylock.

Asimismo, el asesor legal del grupo de acreedores que más bonos tiene de los canjes 2005 y 2010, Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, dijo que «las partes no están tan lejos, quizás el 1.5% del PBI se extendió en 20 años, y el FMI reconoce que hay espacio para que Argentina mejore su oferta».

Las fuentes consultadas por Télam dijeron que el Gobierno tiene detectados a alrededor del 40% del total de los acreedores, y que el 60% se desconoce quiénes son.

Respecto de estos últimos, la idea es que se mantienen expectante a la aparición de «la última oferta definitiva».

Las fuentes recordaron que, en el canje de 2005, se había producido algo similar, cuando representantes de acreedores como Adam Lerrik o incluso el propio Hans Humes, que también negocian la reestructuración actual, decían que no iban a ingresar, y luego entraron.

«Habrá que esperar hasta el final para saber el resultado», deslizó una de las fuentes consultadas por Télam.

En medio de esta situación, la Argentina ingresó en un default técnico que los acreedores estiman que sería de «corto» plazo, en base a la expectativa de acuerdo existente.

Los pronósticos respecto de la posibilidad de llegar a buen puerto tampoco impidieron que se activen esta semana los seguros contra default del país, según la decisión de un comité internacional de fondos y bancos de inversión, que subastará en breve contratos emitidos por un valor de US$ 1.400 millones.