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El ministro de la Producción y el Trabajo, Dante Sica, ratificó que el Gobierno tiene la «voluntad» de otorgar un bono para los trabajadores del sector privado, pero aclaró que esa medida no puede «ahogar» a las empresas.

«Nosotros tenemos la voluntad, sabemos que tenemos que cubrir una necesidad y que hay que buscar algo que compense a las empresas y no las ahogue», sostuvo Sica

El ministro reiteró que las características de este plus salarial se definirán una vez que se conozca el índice de inflación de agosto, que se anunciará esta tarde.

«Será tratado luego de la difusión de los nuevos índices del Indec con cámaras empresariales y sindicatos. Pero hay que ser muy creativos y flexibles para su implementación», enfatizó el ministro, en declaraciones a radio Continental.

También, recomendó que «no hay que pensar en un monto estimado», con lo cual puso en dudas que el bono sea de 5 mil pesos, como percibieron los empleados estatales.

Por otra parte, defendió la postura del Gobierno con los empresarios de la industria, a raíz de las críticas que recibe desde ese sector.

«Siempre hubo canales de diálogo. Los buscamos desde el primer momento. Desde la crisis del año pasado mantuvimos diálogo con los sindicatos y las cámaras. Si algo no pueden decir de esta gestión es que haya sido cerrada o discrecional», resaltó.

Y añadió: «queríamos llegar a consensos legislativos, por ejemplo en relación al empleo informal, y en muchos casos no conseguimos ni siquiera quórum. Creo que es una responsabilidad compartida».

A su criterio, «a mitad de este año propusimos diez puntos básicos para que todos los candidatos y actores sociales nos pusiéramos de acuerdo para no generar lo que pasó después, la incertidumbre política. En 100 años es el primer Gobierno no peronista ni radical, sin mayoría legislativa, que está terminando. Eso se construye en base al diálogo».

En ese sentido, subrayó: «tenemos canales de diálogo con la Unión Industrial y otros sectores, sabemos de sus preocupaciones y tenemos políticas sectoriales en muchos casos, aunque claramente la crisis ha sido muy fuerte».

El funcionario indicó también que la crisis «arrancó el año pasado, con tantos meses de tasas altas para equilibrar una macroeconomía muy débil que impactó en las pymes. Pero de ahí a pensar que este Gobierno no haya buscado sostener o poner en relevancia al sector industrial, es demasiado».

Sica expresó además su postura sobre las últimas medidas económicas: «en un contexto externo muy desafiante, con una economía muy débil, teníamos que tratar de encauzar la macro inestable. Con un dólar que baila todos los días no hay posibilidad de conversación. Por eso tuvimos que ser más duros», así lo reseña Telefe Noticias.

Directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionaron hoy la intención del Gobierno de otorgar un bono salarial para los empleados del sector privado, por entender que «es peligroso» y «compromete a empresas y empleos».

Según uno de los vicepresidentes de la entidad, Daniel Funes de Rioja, «nosotros no hemos conversado institucionalmente sobre esta cuestión. Es una iniciativa del Gobierno que aparentemente ha dialogado con la CGT».

A su criterio, el bono para los privados, que sería de 5 mil pesos -el mismo monto que percibieron los trabajadores estatales- «es peligroso, porque compromete a empresas y empleo. Esto hay que meditarlo muy fuertemente para evitar medidas contraproducentes».

En declaraciones radiales, Funes de Rioja comentó que «cuando el pequeño empresario no puede pagar elementos de consumo necesarios, no tiene más alternativa» que cerrar o despedir personal.

También, recordó que «no hay acceso al crédito y las tasas son inabordables».

Por su parte, José Urtubey, vocal del Consejo Directivo de la UIA, consideró que «hay muchos empresarios que no van a poder pagar el bono de 5000 pesos».

«Acá hay que entender que el 80 por ciento de la producción es pyme y la mayoría no va a poder hacerlo, además no corresponde el anuncio», indicó el dirigente, en declaraciones radiales.

Urtubey resaltó que, por este tema, los industriales «vamos a pedir una reunión con el ministro (de Producción y Trabajo, Dante Sica) porque creemos que son importantes los diálogos».

Sica confirmó en las últimas horas que el Gobierno evalúa autorizar un bono para los trabajadores del sector privado, que rondaría los 5 mil pesos, sería obligatorio y se anunciaría oficialmente durante la semana próxima.

Este plus salarial, que se otorgaría vía decreto presidencial, tiene por objeto paliar parcialmente los efectos de la fuerte devaluación producida tras las PASO de agosto último, así lo reseña Telefe Noticias.

El presidente Mauricio Macri confía en que los empresarios «pondrán el hombro» y pagarán el bono de 5000 pesos a los trabajadores, en el contexto de la crisis que se está atravesando.

«Confío que los industriales pondrán el hombro», afirmó el Jefe de Estado tras dejar inaugurado desde Santa Fe la renovación de 800 kilómetros de vías del Ferrocarril Belgrano Cargas, en el acceso de los puertos de los Timbúes.

«Espero que los industriales hagan su aporte», enfatizó el mandatario en declaraciones formuladas a la prensa tras encabezar el acto tras recorrer las obras que demandaron una inversión total de 5.000 millones de pesos.

Al ser consultado sobre el proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria, el presidente aseguró que «si quieren ampliar el proyecto, estaremos disponibles», así lo reseña Telefe Noticias.

El ministro de Producción, Dante Sica, habló de un monto de $5.000, aunque aclaró que aguardarán el índice de inflación de agosto. Las Pymes piden un trato diferenciado. Buscan aliviar tensiones.

Lo anticipó la CGT y lo confirmó el Gobierno. El ministro de Producción Dante Sicacomunicó que el Ejecutivo avanza en una resolución para que los trabajadores del sector privado reciban un bono similar al que ya recibieron los estatales en agosto.

“Empezamos a conversar ayer (por el lunes) la posibilidad de establecer algún tipo de compensación para los privados como se hizo para la administración estatal. Quedamos en mirar el índice de inflación del jueves, volver a sentarnos para evaluar la mejor metodología, pero tomamos como referencia el bono que se le dio a los estatales, de 5 mil pesos; trabajamos sobre eso», aseguró Sica en declaraciones a La Red.

El ministro de Producción y su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, habían recibido el reclamo en persona de parte de Héctor Daer(Sanidad), Carlos Acuña(SOESGyPE), Antonio Caló (UOM),José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (UOCRA).

Los gremialistas, que ya venían conversado con Sica la posibilidad del bono, pusieron sobre la mesa el monto. El ministro de Producción pidió que se tuviera en consideración la situación de las Pymes. “La idea es no asfixiar a nadie”, sostuvo el ministro.

Sica destacó que esperarán la publicación del índice de inflación -que se conocerá este jueves- para terminar de definir el monto. En su Cartera destacaron que una opción sería concretar el pago en 2 tramos. Sin embargo, todo está sujeto a las conversaciones que el ministro emprenderá con los empresarios antes de volver a reunirse con la CGT. Hasta el momento, solo es seguro que el bono no tendrá carácter remunerativo.

El tema ya se abordó -y con preocupación- en la reunión del consejo directivo de la Unión Industrial Argentina. Fuentes empresarias le manifestaron a Clarín que conceptualmente están de acuerdo con la decisión, pero pidieron que su implementación sea voluntaria y no obligatoria. “El problemas es que las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de afrontar una bono», dijeron. En horas de la tarde, el vice de la UIA fue más duro. «Muchas empresas no pudieron afrontar el bono anterior (de 2018)», dijoDaniel Funes de Rioja

Desde la CAME reconocieron que ya hubo contactos con el Ejecutivo. “No hay nada cerrado. Se está dialogando y todos comprenden la situación de las Pymes”, dijeron desde la entidad que dirige Gerardo Díaz Beltrán.

Un rato después, el presidente de la cámara le bajó el pulgar a la posibilidad de que las pequeñas empresas afronten un bono. “La mayoría de las pymes vivimos del consumo interno y lo necesitamos, pero no podríamos afrontar un bono. Desde la CAME trabajaremos en propuestas y alternativas como siempre lo hicimos”, sentenció Díaz Beltrán vía Twitter.

Dirigentes de esa entidad se diferenciaron de la UIA y explicaron que no reclaman que el bono sea voluntario sino “una compensación de aportes”. “Se trabaja en propuestas de diferenciación”, explicaron. De esa manera, el Estado absorbería una porción importante de lo que correspondería a las Pymes al cancelar el pago de aportes patronales, de otros impuestos o de saldos a favor según el tamaño de las empresas: micro, medianas o grandes. 

El Gobierno tiene a mano el antecedente de noviembre pasado, cuando Mauricio Macri firmó un DNU en el que obligaba a los privados al pago de $5 mil pesos, a pagar en 2 tramos espacios. En diciembre (con el salario de noviembre) y en febrero (con el pago de los haberes de enero). En aquella oportunidad, las Pymes obtuvieron el «tratamiento diferenciado» que ahora reclaman. 

Sin embargo, aquel decreto habilitaba a los gremios y a los empresarios a inscribir esas partidas a cuenta de futuros aumentos, según las negociaciones paritarias de cada sector. Ahora, ese detalle no está claro; aunque desde la actual administración afirman que será la última actualización del año.

Sica y Stanley mantuvieron este mediodía una reunión con Macri en el despacho presidencial para ponerlo al corriente de las negociaciones. Por la tarde, volvieron a encontrarse con el Jefe de Estado y Marcos Peñapara avanzar en los lineamientos de las medidas. 

Además del compromiso de que habrá un bono, los sindicalistas se llevaron de la reunión del lunes en el ministerio de Desarrollo Social el compromiso de la extensión de latarjeta alimentaria para los trabajadores despedidos. No está claro cuántos serían los beneficiarios; la revisión dependerá de los propios sindicatos. El monto rondaría los $2300, según confirmaron fuentes gubernamentales.

Además, en la misma reunión José Luis Lingeri y Armando Cavalieriredoblaron sus reclamos por las situación que atraviesan las obras sociales de los sindicatos. Por un lado, reclamaron $ 7.500 millones que la Superintendencia de Salud les retiene. Por el otro, redoblaron, sus críticas contra el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que tras las PASO incluyó una droga para el tratamiento de la atrofia muscular espinal que provocó una lluvia de amparos, informó El Clarín.

El ministro de Producción, Dante Sica, aseguró que el monto se definirá la próxima semana luego de reunirse con las cámaras empresarias y una vez que se conozca la inflación oficial de agosto.

Además de negociar con la CGT un mecanismo de apoyo logístico de los gremios para contener la demanda de los comedores para los sectores más vulnerables y una ayuda alimentaria para desempleados, la Casa Rosada confirmó hoy que habrá un bono para trabajadores del sector privado.

“Empezamos a conversar la posibilidad de establecer algún tipo de compensación para los privados como se hizo en la parte estatal”, aseguró el ministro de Producción, Dante Sica, en diálogo con radio La Red, y agregó: “Quedamos en mirar el índice de inflación del jueves, volver a sentarnos para evaluar la mejor metodología, pero tomamos como referencia el bono que se le dio a los estatales, de 5 mil pesos; trabajamos sobre eso”.

En esta línea también se refirió Andrés Rodríguez, titular de UPCN, que ayer -junto a otros representantes sindicales- participó de una reunión con Sica y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. “Con el ministro de Producción (Sica) conversamos de que en el término de una semana se concrete la posibilidad de que todas las actividades privadas también puedan tener un bono para aliviar la situación de muchos trabajadores que la están pasando mal”.

Una de las posibilidades que analiza el Gobierno para instrumentar este bono, de acuerdo con lo que señaló a Infobae una fuente calificada de Casa Rosada, sería la firma de un decreto por parte del presidente, Mauricio Macri.

“Nosotros pretendemos que sea de carácter obligatorio, en la ecuación trabajador-empresa el que más padece la realidad económica y social es el trabajador. Estamos muy preocupados, la situación de deterioro social viene de hace muchos meses y en los últimos meses se ha acentuado, por lo que todo lo que pueda aliviar o ser paliativo bienvenido sea”, destacó Rodríguez en radio Futurock.

Según explicó Sica, “el salto inflacionario que estamos sufriendo producto de la devaluación después de las PASO está generando bastante inquietud por la pérdida de salario real”.  Sin embargo, agregó que “hay que evaluar muy bien el impacto de este tipo de bono en las pequeñas empresas, porque no solo tenés un impacto inflacionario sino en muchas se secó mucha la plaza en términos de financiamiento de corto y puede generar un perjuicio”.

El Ejecutivo hizo presentaciones paralelas ante la Justicia y la Legislatura para que lo autoricen a utilizar fondos del BOCADE –Bono de Cancelación de Deuda- para pagar los haberes del tercer rango el viernes 29. Pero durante la mañana del miércoles no hubo avances en ese sentido en ambos poderes, incluso no se llegaba a la cantidad mínima de diputados para solicitar a una sesión especial.

Para a una sesión especial se requieren un mínimo de catorce firmas de diputados avalando el pedido, las mismas se habrían conseguido después del mediodía.

Hay incertidumbre con lo que pueda ocurrir posteriormente ya que, de autorizar al Ejecutivo a usar estos fondos para pagar sueldos, se viola la Constitución Provincial y son pasibles de una denuncia por cometer “una falta grave a quienes lo autoricen o consientan, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda corresponder”.

Algunos legisladores consultados marcaron que no está garantizado que mañana se sesiones. Y entre los argumentos, explicaban que algunos diputados no se encuentran en la provincia, otros no quieren exponerse a un revés judicial y otro grupo están con los teléfonos apagados. Como todo en la Cámara de Diputados, habrá que esperar hasta último momento para determinar si se sesiona.

Se espera que previo a la sesión el ministro de Economía, Oscar Antonena, y el propio jefe de gabinete, Federico Massoni, vayan a la Legislatura por la tarde para mantener distintas reuniones con los bloques de diputados con el objetivo de aclarar las dudas. Fundamentalmente luego del ruido que se generó con la presentación que hizo el Ejecutivo en la Justicia para tener el aval del destino de los fondos que precisa para terminar de cumplir con los sueldos del mes de julio, así lo informó El Patagonico.

LA POLEMICA DETRÁS DE LA AUTORIZACION

Desde que se conoció que el tema estaba en evaluación hubo cuestionamientos dado que autorizar para el pago de salarios al Bono implica ir en oposición a lo que dicta la Constitución Provincial donde, en su Art.135 establece que se faculta al Poder Ejecutivo “para contraer empréstitos o captar fondos públicos con bases y objetos determinados mediante la emisión de títulos, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. Los papeles de crédito público llevan transcriptas las disposiciones de la ley autorizante. La aplicación del crédito a un objeto distinto del solicitado hace incurrir en falta grave a quienes lo autoricen o consientan, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda corresponder”.

EL SUPERIOR REUNE CAMARISTAS

Debido a que en el Superior Tribunal de Justicia solo hay dos ministros en la zona, el Dr. Alejandro Panizzi y el Dr. Miguel Donnet y para dictar una resolución sobre el tema, se requiere la participación además de tres camaristas de Trelew. Pero durante la jornada del miércoles no se había avanzado en la convocatoria del pleno del Superior para, una vez reunidos, analizar el pedido del Ejecutivo, detalló Jornada.

La diputada del Frente Para la Victoria, Gabriela Dufour, alegó que el Bono Compensador de Hidrocarburos que destinó el gobernador Mariano Arcioni para pagar salarios colisiona no solo con la ley Hidrocarburífera, sino también contra la Constitución y la reconducción del presupuesto. Vaticina que la Justicia designará a un fiscal para investigar la presunta malversación de fondos.

El adelanto de EL CHUBUT generó una fuerte controversia que podría recaer en manos del Ministerio Público Fiscal y del Tribunal de Cuentas. El Gobierno provincial cambió el destino de los fondos del Bono Compensador de Hidrocarburos, transfiriéndolos a Rentas Generales para derramarlos en el pago de haberes de los empleados de la administración pública.

Esa maniobra fue materializada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, vulnerando de esta manera tres leyes diferentes: La ley de Hidrocarburos que contiene la creación de este bono; el artículo 156 de la Constitución de Chubut que prohíbe la implementación de un DNU sobre temas presupuestarios; y la ley del Presupuesto 2017 (2018 y 2019 fueron reconducidos) que tiene una cláusula que cualquier cambio de afectación de recursos deberá ser ratificada por la Legislatura.

Gabriela Dufour del FPV indicó que el bono tiene una afectación específica a «políticas públicas que mejoren las condiciones estructurales del territorio provincial, excluyendo cualquier otro destino en gastos corrientes».

La diputada esgrimió que el gobernador Mariano Arcioni «ignoró esta norma y otras fundamentales y mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispuso la utilización de los fondos para pagar sueldos en el mes de enero».

La gravedad de la denuncia radica en que los fondos del citado Bono según la ley, tienen origen la explotación de los recursos hidrocarburíferos y como compensación por su agotamiento, disponiendo que serán utilizados «con el objeto de garantizar el desarrollo de las generaciones futuras a partir de la inversión en tecnología, investigación y desarrollo, diversificación de la matriz energética y productiva».

Esta presunta violación a la ley fue denunciada por Dufour y la legisladora vaticinó que «habría sido receptada por el Ministerio Público Fiscal».

VULNERA LA CONSTITUCION

Si bien son conocidas las actuales dificultades del Estado provincial en sus finanzas, existirían varios mecanismos que hubieran permitido lograr el mismo objetivo en la situación de emergencia.

Sin embargo a criterio de Dufour, «el autoritarismo del Gobernador y el mal asesoramiento, consolidaron esta maniobra en plena contradicción con las leyes».

La exministra de Economía explicó que los DNU en materia presupuestaria que implican desafectar fondos presupuestarios de destino específico para utilizarlos en Rentas Generales, «están expresamente prohibidos».

El artículo 156 de la Constitución de Chubut describe que los DNU «en ningún caso pueden versar sobre materia tributaria, penal, presupuestaria, electoral o régimen de los partidos políticos».

COLISIONA CON EL PRESUPUESTO

No conforme con eso, Dufour detalló que el artículo 9 de la Ley II Nº 180 (presupuesto provincial) que se encuentra vigente en virtud de las prórrogas para los periodos 2018 y 2019, «establece claramente que es la Legislatura del Chubut quien debe autorizar la desafectación de fondos específicos a Rentas Generales, no quedando dudas respecto de quien tiene facultades para hacerlo».

Por estos motivos, calificó como «actos de manifiesta ilegalidad» que no hacen más que mostrar «el nivel de autoritarismo y desprecio por las instituciones del actual Ejecutivo provincial».

El gobernador Mariano Arcioni modificó el destino del Bono de Compensación de Hidrocarburos a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Para la oposición «es ilegal». Sospechan que el cambio a Rentas Generales fue para abonar los sueldos de diciembre de 2018. Analizan la instancia judicial.

El Gobierno provincial emitió un DNU polémico y abrió una posible batalla legislativa y judicial. La ley provincial de Hidrocarburos XVII Nº 102 contiene en sus artículos 69, 73 y 74, características bien definidas sobre la utilización, destino, usos y liquidaciones de las empresas petroleras sobre el Bono de Compensación Hidrocarburífera.

EL CHUBUT accedió al DNU que ingresó a la Legislatura modificando el destino específico de la recaudación de este Bono para ser girado a Rentas Generales.

El decreto alega que por razones de necesidad y urgencia, y a los fines de asegurar el equilibrio financiero de los gastos y recursos provinciales, «deviene urgente que el Poder Ejecutivo adopte la presente medida, ordenando el traspaso a Rentas Generales de las partidas disponibles del Bono de Compensación de Hidrocarburos».

En este punto surge una de las primeras complejidades desde el marco jurídico: El DNU tiene que ser ratificado por el voto de 18 diputados. Si la Cámara le otorga un revés, el Ejecutivo ya traspasó esos fondos a Rentas Generales y hasta posiblemente los haya utilizado para afrontar diversos compromisos.

Un integrante del Frente Para la Victoria delineó su hipótesis sobre este movimiento de fondos que realizó el Gobierno provincial: «Tengo fuertes sospechas de que el pase a Rentas Generales fue para pagar los sueldos del mes de diciembre».

Existe otro interrogante que se genera por la modificación de la afectación específica del Bono de Compensación de Hidrocarburos y que está relacionada a la porción que le corresponden los municipios. En la oposición desconocen si esas partidas también fueron afectadas a Rentas Generales o si serán transferidas a los intendentes.

QUE DICE LA LEY

La ley provincial de Hidrocarburos sancionada en la gestión del exgobernador Martín Buzzi establece en el artículo 69 que el Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable está orientado «a la contraprestación que el Estado provincial recibe en dinero por la explotación de los recursos hidrocarburíferos de su propiedad como compensación por su agotamiento con el objeto de garantizar el desarrollo de las generaciones futuras a partir de la inversión en tecnología, investigación y desarrollo, diversificación de la matriz energética y productiva».

Desde los cuantitativo, el artículo especifica que el importe a pagar en concepto de Bono de Compensación de los Hidrocarburos «será de un mínimo de 3% y un máximo de 4% del valor Boca de Pozo».
La variación del porcentaje está atada al tipo de concesión, su rentabilidad y del horizonte de reservas que posea hasta el fin de su vida útil.

Por su parte, el artículo 73 describe que los montos a pagar en concepto de Bono de Compensación de los Hidrocarburos se abonarán por una doble vía diferenciadas por zonificación.

Por un lado, el 50% se destinará a una cuenta que comprenda como beneficiarios a los municipios y comunas rurales de la Comarca Senguer-San Jorge; el que se distribuirá entre los municipios en forma proporcional a la cantidad de habitantes.
En segundo lugar, el 50% restante se distribuirá de acuerdo al régimen de Coparticipación aplicable a las regalías.

NO PUEDE SER USADOS PARA SUELDOS

Por último, el artículo 74 deja en claro que los montos recaudados en concepto de Bono de Compensación de los Hidrocarburos destinados a los municipios y Comunas Rurales de la Comarca Senguer-San Jorge «deberán ser utilizados para realizar inversiones en infraestructura, diversificación de la matriz energética y productiva y ordenamiento urbano, a los efectos de que estas inversiones contribuyan con el desarrollo sustentable del territorio. Estos recursos no podrán ser destinados a solventar gastos corrientes».

Por estos motivos, desde el FPV no descartan judicializar el traspaso de fondos. Esperarán el informe de ejecución de gastos de los meses de noviembre y diciembre de 2018, que aún no llegaron a la Legislatura.

 

Diario El Chubut

Son $2500 que forman parte de una compensación que estableció el Gobierno en noviembre de 2018. El primer tramo se cobró en diciembre.

Los trabajadores del sector privado percibirán en sus salarios de enero la segunda cuota del bono de fin de año que estableció el Gobierno en noviembre pasado. Serán $2500 que se sumarán a la cifra de igual cantidad que se pagó en los primeros días de diciembre.

El martes 13 de noviembre de 2018, el Gobierno publicó el decreto 1043/2018 a través del cual estableció la compensación para el sector privado. Por aquellos días se acordó pagar $ 5000 en dos cuotas y se determinó que el bono sea no remunerativo, es decir, que no tribute aportes ni cargas sociales.

¿Quiénes lo cobran?

El artículo 1 estableció que la asignación no remunerativa será “para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado”. Es decir, incluye tanto a quienes estén amparados por un convenio colectivo de trabajo como a los trabajadores formales que no lo estén.

Pagar como se pueda

Empleadores y representantes de los trabajadores tienen la facultad de adecuar “la implementación del decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”, según el artículo 3° del borrador del decreto.

A cuenta de paritarias

Los montos no remunerativos podrán ser tomados a cuenta de las revisiones paritarias de 2018, “salvo que (las partes) acuerden expresamente su no absorción”.

Sector público, excluido

“Quedan excluidos de los alcances del presente decreto los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal”, dispone el artículo 5°.

 

ADN Sur